POLÍTICA

Red Uno Bolivia. –   Según su análisis, el artículo es inconstitucional porque no hace una serie de diferenciaciones sobre los procedimientos técnicos que aplican los médicos en el ejercicio de su profesión. Cree que hay una falsa información desde el gobierno cuando dice que si no estuviera el artículo en el nuevo Código Penal, habría impunidad porque no estarían protegidas las posibles víctimas de mala praxis porque no existiría otra norma penal de estos casos.

“No es cierto que, si se derogaría el art. 205, se generaría un vacío insalvable en la legislación penal, que generaría impunidad. Es falso porque siempre ha habido responsabilidad penal de médicos y profesionales en el actual código y en el nuevo.  A mí me parece una desproporción enorme que se comprometa la paz social del país, por el capricho y terquedad del gobierno de querer mantener un artículo en el Código Penal que está incendiando todo el país. Deberían volver a reunir a la asamblea legislativa y abrogar ese artículo”, manifestó el constitucionalista.

Carlos Alarcón, dijo que el problema con la elaboración de este artículo, es que en lugar de buscar una respuesta conciliadora restaurativa del conflicto; da prioridad al enfoque criminalizado no solo contra médicos, sino contra otras profesiones.

“Tiene graves errores de defectos estructurales el 205 tal como está redactado. Establece una discriminación con relación a otras personas que han cometido el mismo delito y que en caso de los profesionales se aplica una sanción mucho más grave cuando se deberían diferenciar casos”, detalló.

Así mismo, este artículo incorpora la reparación económica como castigo, cuando la reparación económica tiene un sentido patrimonial que podría ser útil en un escenario de conciliación y arbitraje y no de carácter punitivo.

“No se establece un procedimiento garantista para encontrar la verdad. En este tipo de casos, si usted no tiene un procedimiento previo especial a cargo de auditores médicos que establezcan una pericia técnica, que permita orientar a la propia supuesta víctima y los fiscales y jueces penales que intervengan. Entonces se entra a un triturador penal donde fiscales y jueces que no tienen ningún manejo de los elementos complejos altamente técnicos de estos casos, deban manejar estos procedimientos penales. Y además en estos procedimientos se deben establecer  un instituto de conciliación, de mediación y arbitraje manejados por las facultades de medicina y colegios médicos, donde expertos en solución de controversia traten primero de encontrar un acuerdo entre partes”, concluyó.

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