Asimismo, el Gobierno nacional emitió el respectivo Decreto Supremo con el que se encargaría de pagar la sanción económica impuesta por la justicia chilena de $us. 50 mil para su liberación y expulsión, tras el fallo del pasado viernes, en el que declaró culpables a los bolivianos; a los funcionarios por los delitos de robo con violencia y contrabando y a los militares por porte ilegal de armas.

Al igual que el presidente Morales, el ministro Siles, calificó de injusta la determinación de la justicia chilena ya que este incidente no debió judicializarse y arreglarse en la vía diplomática, pero que lo más importante ahora es agilizar su retorno, lo que no significa que como Gobierno no se vaya a hacer una representación internacional por los malos tratos que sufrieron los compatriotas durante su detención.

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