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Red Uno Bolivia.- El ex gobernante de Ecuador Rafael Correa, entre las gestiones de 2007 y 2017, quien es investigado por la Fiscalía de la ciudad costera de Guayaquil por el caso de Petrochina. Correa indicó que en 2010, aprobó una operación que consideró beneficiosa para el país, de la que dijo desconocer detalles de, por ejemplo, costes de fletes, de lo que se encargaba su equipo técnico, del que, aseguró, no tenía por qué desconfiar. Al mismo tiempo denunció que su vinculación al caso es una “persecución política” de parte del gobierno en curso hacia su persona.

El caso, se encuentra en la etapa de indagación previa por un posible perjuicio al Estado respecto a la venta anticipada de petróleo a China durante su administración. Según el activista Fernando Villavicencio, en los contratos de Ecuador con Petrochina, la intermediación petrolera causo un perjuicio al Estado por más de $2.200 millones.

Sobre la consulta popular, Correa expresó que dos de las preguntas de la consulta popular son “gravemente inconstitucionales en su contenido”. Considera que la pregunta dos sobre la reelección indefinida, “es una regresión de derechos”; mientras que la pregunta tres sobre la restructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le daría por un año poderes plenos al Presidente de la República, Lenín Moreno, a través de un consejo transitorio que podrá destituir y sustituir a 150 autoridades de control. El ex mandatario, indicó que no le interesará participar en algún otro cargo de elección popular, al recalcar que vino al país solo a luchar.

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