Jorge Santistevan denuncia que instituciones al interior del Chapare están vinculadas al narcotráfico

Tras la ejecución de un masivo operativo denominado "Retorno del Leopardo", ejecutado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Chapare en el marco del plan "200 Años de Servicio Policial", se realizaron intervenciones policiales en el Sindicato Villa 14 de septiembre. Se logró desmantelar una compleja organización criminal dedicada al narcotráfico, el acopio y la modificación de armas de fuego de grueso calibre, resultando en la aprehensión de seis personas, entre ellas tres ciudadanos colombianos y un subteniente del Ejército en servicio activo.

Ante este grave hallazgo, el secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan, manifestó su postura por el nivel de infiltración criminal dentro de los recintos militares.

“Preocupa bastante porque ya sabemos que la zona del Chapare, todas las instituciones y organismos que están al interior, están vinculados con el narcotráfico”, aseveró la autoridad, detallando que estas redes ilícitas acopian municiones y armamento del Estado, así como equipos en depósito de las propias bandas delincuenciales.

Urgencia de controles a nivel nacional

En este contexto, se planteó de forma inmediata la necesidad de ejecutar intervenciones profundas y exhaustivas en cada uno de los almacenes militares del territorio boliviano.

Santistevan afirmó que “hay que hacer auditorías a todas las salas de armas del país” y que se requiere una inspección rigurosa que no se limite al R.I. 31, abarcando todos los furrielatos y regimientos ubicados en las áreas críticas de riesgo.

La propuesta incluye un rastreo estricto de los uniformados destinados a regiones estratégicas como San Matías, San Ignacio, Yapacaní y los regimientos del Chapare. El secretario advirtió que “la seguridad del Estado está en algunas manos que no deberían estar dentro de las instituciones”, por lo que el seguimiento del personal en estas zonas rojas resulta impostergable para frenar el sistema de favores y ascensos irregulares que presuntamente operó durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.