Ortiz considera que la anulación del contrato es una prueba de reconocimiento sobre las  irregularidades en el proceso de contratación para la construcción de la planta de propileno y polipropileno, con un precio referencial de 2.200 millones de dólares. Cree que existe similitud entre lo que ocurrió con  la compra de taladros con la empresa Drillmec, ya que se  evidencia la participación de un denominado “Centro Corporativo” designado por el ex presidente, Guillermo Achá, para que ellos tomen decisiones sobre los directorios de Ypfb Corporación y las subsidiarias.

Por todo esto, el senador de Demócratas considera que más allá de la anulación del contrato y la revisión de todos los contratos que ordenó el nuevo presidente, Oscar Barriga, debería ser el Ministerio Público quien realice  una investigación acompañado de una auditoría de la Contraloría General del Estado, finalizó.

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