Los detractores de la iniciativa aseguran que la mayoría de los puertorriqueños se fueron a cualquier parte menos a las urnas este domingo.

El gobierno de Puerto Rico convocó, casi en un acto de desesperación por la aguda crisis económica que vive la isla un nuevo referendo sobre la relación política del Estado Libre Asociado con los Estados Unidos de América.

Los resultados finales mostraron que el 97,18% de los votantes optó por que la isla adopte la estadidad respecto a Estados Unidos, es decir que se convierta en el miembro número 51 de la Unión Americana.

Sin embargo las cifras del cómputo revelan que solo el 23% de los 2.260.804 habilitados para votar ejercieron su derecho, lo que pone en dudas la legitimidad de la consulta, según las corrientes opositoras en la isla.

De acuerdo al gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló la consulta tenía como propósito poner fin a la relación colonial con Estados Unidos.

Pero esta no es la primera vez que la isla celebra un referendo por esta cuestión, ya lo hizo en 1967, 1993, 1998 y el más reciente antes del actual fue en el año 2012. En ninguna de esas ocasiones el Congreso de Estados Unidos trató formalmente el tema y mucho menos resolvió oficialmente el estatus definitivo que la Unión Americana quiere para Puerto Rico.

Considerando que el referendo del domingo no tiene carácter vinculante, según algunos especialistas en la temática no se espera mucho del Congreso en Washington y menos aún del gobierno de Donald Trump.

Esta nueva consulta ciudadana surge en medio de una drástica crisis económica de varios años que viene afectando a la nación caribeña. La pobreza alcanza el 45%, el desempleo dobla a la media de Estados Unidos y la emigración hacia el territorio continental estadounidense está vaciando la población local, señala la web bbc.com

Actualmente el gobierno de Puerto Rico viene soportando una deuda pública estimada en 72 mil millones de dólares, sin embargo no puede beneficiarse de las leyes de bancarrota que se aplican a los 50 estados de la Unión. Por otro lado, los estragos de la crisis ha provocado severos recortes en el gasto público, se han elevado los impuestos sobre las ventas y los servicios públicos se han encarecido.

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