El Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que formaliza el programa de financiamiento a 36 meses. El plan contempla el fin de la subvención a los carburantes, una política cambiaria flexible y un severo reordenamiento de las cuentas públicas para superar la crisis.
11/09/2026 16:27
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El acuerdo técnico de financiamiento por 1.900 millones de dólares firmado entre la administración del presidente Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece un estricto paquete de reformas estructurales y metas macroeconómicas que el Ejecutivo boliviano debe implementar durante los próximos 36 meses.
A continuación, se presenta el listado con los compromisos que debe cumplir el Gobierno en el marco del acuerdo:
Eliminación total del subsidio a los combustibles (a partir de enero de 2027): El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027 no contemplará fondos del Tesoro General ni de empresas estatales (como YPFB) destinados a subvencionar la gasolina y el diésel. Los precios internos se mantendrán fijos mediante decretos excepcionales —como el DS 5652— hasta diciembre de 2026, y desde enero de 2027 los costos reflejarán las cotizaciones internacionales y el nivel real de recuperación.
Reducción drástica del déficit fiscal: El programa contempla bajar el déficit fiscal de manera progresiva (con una disminución proyectada de 8,5 puntos del PIB entre 2026 y 2029, apuntando a un 3,8% para 2028 y a un rango cercano al 2% para 2031), eliminando por completo el déficit primario al cierre del plan y restableciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Contención y racionalización del gasto público: Se ejecutarán ajustes fiscales orientados a disminuir el gasto corriente y de capital. Esto incluye poner límites en las contrataciones de personal estatal, bajar los gastos en bienes y servicios, y reducir las planillas en hasta un 30% mediante la eliminación de ítems fantasma o irregularidades.
Revisión y recorte de otras subvenciones: El pacto también contempla la posibilidad de suprimir subsidios adicionales, poniendo especial foco en el sector de servicios de energía eléctrica.
Mantenimiento de una política cambiaria flexible: Sostener un tipo de cambio flexible determinado por las fuerzas de oferta y demanda del mercado, con el fin de estabilizar la escasez de divisas, ordenar el mercado cambiario y fortalecer las reservas internacionales netas.
Mitigación del impacto social y compensaciones: En paralelo a los ajustes y al fin de los subsidios a los hidrocarburos, el Gobierno debe implementar salvaguardas para proteger a las familias de menores ingresos y sectores vulnerables durante la transición. Esto incluye incrementar los recursos destinados a redes de protección social, así como mantener y focalizar programas de apoyo temporal y transferencias directas (tales como el Programa Extraordinario de Protección y Equidad - PEPE).
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