Cainco pide resolver con urgencia la falta de diésel y liberación irrestricta de la importación del combustible

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó su preocupación por el desabastecimiento de combustibles y advirtió que la falta de diésel se ha convertido en uno de los problemas más urgentes que enfrenta el sector productivo del país.

Durante una conferencia conjunta con representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, sostuvo que el tiempo se está agotando para las actividades productivas y pidió adoptar medidas inmediatas para garantizar el suministro de combustible.

“El tiempo se está agotando. El sector productivo ya no aguanta más; necesitamos resolver los problemas urgentes, como la falta de diésel”, afirmó Antelo.

El empresario señaló que el país necesita garantizar combustible tanto para el sector productivo como para la población, con el objetivo de recuperar la movilidad y generar certidumbre en las actividades económicas.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una liberación irrestricta de la importación de combustibles, mientras se trabaja en soluciones de mayor alcance para atraer inversiones.

Antelo también hizo referencia a los efectos que dejaron los conflictos y bloqueos registrados en el país, al señalar que existe un daño acumulado y que ordenar la situación económica requiere tiempo.

Cainco cuestiona la ley de inversiones

Además de la crisis de combustibles, el presidente de Cainco se refirió al proyecto de ley de inversiones que se encuentra en tratamiento y consideró que la propuesta debe ser revisada para que responda a las necesidades actuales del país.

Según Antelo, la primera lectura del proyecto genera “más incertidumbres que certezas”, por lo que demandó una norma clara, práctica y fácil de aplicar, que permita incentivar tanto la inversión nacional como la extranjera.

Entre las observaciones planteadas por Cainco están la creación de una agencia nacional que, a criterio de la institución, podría generar mayor burocracia; la necesidad de garantizar mecanismos adecuados para el ingreso y salida de divisas; y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para los inversionistas.

También cuestionó las restricciones planteadas respecto al arbitraje y sostuvo que deberían existir mecanismos que permitan resolver eventuales conflictos entre las partes, incluso mediante instancias nacionales o internacionales, sin restricciones que desincentiven la inversión.

Piden una ley efectiva y no solo escrita

Antelo remarcó que el país necesita una ley de inversiones que tenga un impacto real y no se limite a establecer disposiciones que posteriormente sean difíciles de aplicar.

“Necesitamos una ley de inversiones realmente efectiva y que no se quede en papeles”, sostuvo el presidente de Cainco.

Explicó que, aunque hubo un proceso de socialización previo, el documento finalmente conocido por las instituciones empresariales contiene elementos que, según Cainco, deben ser revisados. Por ello, los equipos legales de la institución continúan trabajando en observaciones y sugerencias que serán remitidas a la Asamblea Legislativa y a las autoridades correspondientes.

Para Cainco, la discusión de la ley de inversiones debe avanzar con sentido de urgencia, pero sin perder de vista que sus efectos no serán inmediatos.

Antelo aclaró que la aprobación de una norma no significa que las inversiones llegarán de manera automática, debido a que generar confianza y atraer capital requiere tiempo. Por ello, insistió en que mientras se debate la legislación deben adoptarse medidas inmediatas para atender la falta de combustible.

“Hay un sentido de urgencia”, afirmó, al insistir en que el país debe garantizar diésel al sector productivo y a la población.

De esta manera, Cainco plantea que la atención a la crisis de combustibles y la construcción de un marco jurídico atractivo para las inversiones deben avanzar de forma paralela: una respuesta inmediata al desabastecimiento y, en el mediano plazo, una legislación que otorgue mayor seguridad y certidumbre a quienes buscan invertir en Bolivia.