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Jaime Bravo señala que el ahorro aliviaría el déficit fiscal, pero advierte efectos en inflación, empleo y poder adquisitivo.
16/09/2026 11:34
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El retiro de la subvención a los hidrocarburos puede representar un cambio de alto impacto para las finanzas del Estado. Según el analista económico, Jaime Bravo, dejar de sostener este gasto permitiría ahorrar entre $us 2.400 y $us 3.000 millones al año, dependiendo de la variación de los precios internacionales.
Bravo explicó que actualmente el Estado destina alrededor de $us 55 millones por semana a la compra de combustibles subvencionados, por lo que considera que eliminar este gasto tendría un efecto directo sobre el déficit fiscal.
“Al año estaríamos hablando de alrededor de $us 2.400 a $us 3.000 millones, dependiendo las fluctuaciones que tenga el precio de la gasolina y el precio de los hidrocarburos”, afirmó.
El analista sostuvo que la subvención se ha convertido en uno de los factores que presionan las cuentas externas del país y señaló que el retiro del beneficio debería formar parte de un ajuste económico más amplio.
Sin embargo, advirtió que la medida también tendría un costo para la economía de los hogares. El incremento de los combustibles podría trasladarse a otros precios, generar inflación y afectar el poder adquisitivo y el empleo.
Estrategias económicas para amortiguar retiro
Por ello, Bravo planteó que el retiro de la subvención sea acompañado por transferencias focalizadas a los sectores de menores ingresos, apoyo al transporte y programas de generación de empleo de corto plazo.
También propuso reducir impuestos a la importación de combustibles para amortiguar el impacto sobre el precio final y facilitar el ingreso de carburantes por parte del sector privado.
A esto sumó una reducción del gasto público y una revisión de las empresas estatales deficitarias como medidas para atacar el déficit fiscal desde diferentes frentes.
El Ministerio de Hidrocarburos, por su parte, ya estableció mecanismos para permitir la importación de petróleo, su procesamiento en refinerías bolivianas y la comercialización de derivados a precios de mercado y sin subvención estatal.
El Gobierno también proyecta incrementar la producción nacional de gasolina y diésel mediante la reactivación de las refinerías y la importación de crudo.