"Cada Estado tiene sus políticas migratorias": Presidente del TSJ habla sobre el veto de EEUU a Roger Mariaca

En respuesta a la restricción de visa impuesta por el Gobierno de Donald Trump contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por presuntos actos de corrupción y nexos con el narcotráfico, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, fijó postura oficial afirmando que “yo soy muy respetuoso de la soberanía de otros países, cada Estado tiene sus propias políticas en cuanto a las leyes migratorias”.

La administración estadounidense fundamentó su medida al señalar que Mariaca habría abusado de su cargo público para solicitar e imponer sobornos, así como facilitar actividades delictivas y ayudar a evadir la justicia a procesados por delitos violentos.

Al referirse a las determinaciones diplomáticas de la Casa Blanca, el titular del Órgano Judicial enfatizó que Bolivia respeta las normativas internas de otros países y ratificó que “el pretender inmiscuirme en las decisiones o en las disposiciones de otro país sería inmiscuirme en la soberanía de él; por lo tanto, es cuestión de cada Estado el disponer las medidas que considere pertinentes en sus políticas migratorias”.

Independencia en las decisiones judiciales

Respecto al rol que desempeñan las autoridades de juzgado dentro del territorio nacional ante posibles investigaciones, el presidente del Máximo Tribunal remarcó el principio de independencia legal sosteniendo que “cada juez, reitero, es responsable de su resolución, y en el marco de esa independencia con la que actúa, ellos deberán responder si es que se apertura una investigación en alguna situación que puedan estar involucrados”.

Por su parte, la resolución de Estados Unidos restringe el ingreso a su territorio tanto al fiscal imputado públicamente como a su núcleo familiar más cercano.

A fin de despejar dudas sobre la estructura disciplinaria del sistema de justicia boliviano y evitar malas interpretaciones respecto a la fiscalización interna, Saucedo precisó detenidamente las atribuciones de la institución que preside, señalando que “es importante también aclarar, el Tribunal Supremo de Justicia no designa jueces, ni sanciona o suspende jueces”. Con esta afirmación, la máxima autoridad de la magistratura remarcó la separación de competencias dentro del sistema judicial del país.

Competencias exclusivas del control magistral

Para concluir su pronunciamiento, la autoridad del Órgano Judicial señaló de manera tajante qué ente es el responsable constitucional de evaluar los procesos disciplinarios de la magistratura: “Esas son atribuciones específicas del Consejo de la Magistratura; en todo caso, será el Consejo de la Magistratura quien vea la posibilidad de ejercer las facultades que por ley le corresponden”.