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Durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el ministro de Gobierno de Bolivia destacó el alto costo humano y económico de los 53 días de bloqueos.
03/09/2026 17:22
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Tras la presentación del informe de la Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., el ministro de Gobierno de Bolivia, Fernando Aramayo, intervino ante el Consejo Permanente en representación del Ejecutivo boliviano para fijar la postura oficial del país frente a la crisis vivida recientemente.
En su discurso, Aramayo agradeció el respaldo de los Estados miembros y del secretario general, enfatizando que la delegación internacional llegó al país tras un periodo crítico de 53 días de conflictividad social caracterizado por bloqueos coercitivos que afectaron gravemente el suministro de alimentos, medicamentos y combustibles.
El costo humano y económico de la crisis
El ministro detalló las cifras que dejó la paralización del país, calificando los hechos no como meras demandas sectoriales, sino como intentos de desestabilización:
Impacto económico: La crisis generó pérdidas directas superiores a los 14 mil millones de bolivianos y provocó la pérdida de casi 250 mil empleos directos e indirectos. Además, el 7 de cada 10 industrias en la ciudad de La Paz continúan sufriendo las secuelas de este bloqueo operativo.
Costo humano: Según el registro de la Defensoría del Pueblo citado por el ministro, se reportaron 22 personas fallecidas, de las cuales 19 eran terceros no movilizados.
"No estuvimos ante simples reclamos sectoriales, sino ante estrategias para erosionar el orden democrático y forzar la interrupción del mandato constitucional", aseveró Aramayo.
Justificación del Estado de Excepción y apertura institucional
Ante el nivel de asedio, el Gobierno boliviano promulgó el Estado de Excepción. El ministro aclaró que esta disposición no obedeció a un afán represivo, sino a la "responsabilidad para defender la vida, abrir corredores humanitarios, llevar oxígeno a los hospitales, alimento a los hogares, carburantes al sector productivo; resguardar la democracia y garantizar el ejercicio efectivo de derechos".
Asimismo, destacó que el Estado abrió las puertas de sus instituciones al sistema interamericano para garantizar total transparencia y permitir que la Misión escuchara a todos los sectores de la sociedad boliviana. "La protesta social es un derecho, pero la sustitución de la voluntad popular mediante la coerción o la violencia jamás lo serán", enfatizó.
Compromisos y solicitud a la OEA
De cara al futuro, el Ejecutivo boliviano asumió las recomendaciones del informe de la OEA como una base fundamental para construir una agenda de prevención, diálogo permanente y reactivación económica.
Como parte de este compromiso institucional con el Estado de derecho y los derechos humanos, el ministro anunció que Bolivia solicitó formalmente el despliegue de una misión de observación y acompañamiento policial a través de la REDPPOL OEA, con el fin de fortalecer las capacidades estatales frente a futuras crisis y garantizar la protección de los servicios esenciales y la infraestructura crítica.
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