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Aramayo defiende el nuevo precio del diésel: estas son las medidas para amortiguar el impacto

Autoridades destacan que el ajuste energético vendrá acompañado de flexibilidad crediticia, empleos e incentivos fiscales.

Foto APG
Santa Cruz

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El Gobierno nacional justificó la eliminación del subsidio al diésel señalando que la medida busca corregir distorsiones profundas para reorientar los recursos hacia las necesidades de la población. Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, afirmó que “durante años el sistema de precios de combustibles ha permitido mantener artificialmente un precio interno con un costo elevadísimo para la sociedad y la economía”.

La autoridad detalló el impacto inequitativo del mecanismo anterior al revelar que la mayor parte del subsidio no alcanzaba a los sectores vulnerables. “Más del 50% del beneficio de este precio diferenciado, llegaba a sectores de ingresos altos, solo el 7% beneficiaba a hogares de ingresos bajos”, precisó Aramayo.

El elevado gasto estatal en carburantes representaba una carga insostenible para las finanzas públicas que debía ser modificada. “Este precio diferenciado le costaba 3,9 puntos porcentuales del PIB y esto había que corregirlo”, explicó el titular de la Presidencia.

A la par del escenario macroeconómico interno, el Gobierno enfatizó la influencia de la coyuntura global sobre los costos energéticos. “Todos los países estamos enfrentando una crisis energética por la guerra”, puntualizó la autoridad durante la conferencia de prensa.

Reorientación de fondos e incentivos

En este contexto, señaló que el gasto semanal en el subsidio limitaba la capacidad de inversión en proyectos de infraestructura básica para el desarrollo nacional. “55 millones de dólares en promedio se gastan a la semana en este tipo de subvención, estos serían 2.600 millones de dólares al año”, enfatizó el ministro al resaltar que la prioridad debe ser construir escuelas, hospitales y carreteras.

Para contrarrestar el impacto del ajuste, la administración estatal dispuso la reasignación de los recursos hacia incentivos de apoyo económico.

“Hemos definido un paquete de acciones que tienen como prioridad la protección social, poner a las personas por adelante”, concluyó Aramayo.

A continuación, se detallan todos los beneficios y medidas dispuestas por el Ejecutivo:

  • Bono PP2: Entrega directa que beneficiará a cerca de 2.9 millones de habitantes con un presupuesto total de 874 millones de bolivianos.
  • Incremento al Bono Juancito Pinto: Aumento de 100 bolivianos adicionales para cada estudiante, elevando el beneficio de 200 a 300 bolivianos.
  • Créditos preferenciales para producción y transporte: Fondo de hasta 800 millones de bolivianos con una tasa de interés del 6% anual para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y sector productivo.
  • Préstamos directos a productores: Créditos que oscilan entre los 50.000 y 400.000 bolivianos para capital operativo o de inversión.
  • Eliminación de aranceles e impuestos de importación: Cero impuestos para la compra de bienes e insumos destinados a la producción, como semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales.
  • Ampliación del perdonazo tributario: Extensión del plazo por 120 días para alivio fiscal de más de 200.000 contribuyentes y sus familias.
  • Generación de empleo directo e indirecto: Puesta en marcha del plan de enlocetado de calles y avenidas para crear más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos.
  • Flexibilidad crediticia y ayuda subnacional: Mayor acceso a créditos de vivienda social y productivos, además de asistencia a gobernaciones, municipios y autonomías indígenas para la readecuación de sus finanzas.
  • Devolución de depósitos: Continuación del proceso de devolución de depósitos en dólares a los ahorristas en el sistema bancario.

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