Te puede interesar:
El bono provisional puede activarse desde la etapa inicial de investigación, previa evaluación social.
07/10/2026 14:02
Escuchar esta nota
El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley 1680, poniendo en marcha un sistema de protección integral para hijas e hijos que quedaron huérfanos a consecuencia de feminicidio y otros delitos contra la vida expresamente contemplados por la norma.
La medida no se limita a una ayuda económica: contempla alimentación, atención médica, educación, acompañamiento psicológico y medidas destinadas a mantener a los menores dentro de un entorno familiar seguro.
La ley establece un bono económico mensual equivalente a por lo menos el 20% del Salario Mínimo Nacional vigente.
Con el salario mínimo de 2026 fijado en Bs 3.300, ese porcentaje representa actualmente: Bs 660 mensuales por beneficiario.
El monto deberá actualizarse si en futuras gestiones cambia el Salario Mínimo Nacional.
Uno de los aspectos más importantes es que existen dos modalidades.
Bono provisional
Puede otorgarse desde el inicio de la investigación preliminar del hecho, previa evaluación social del Servicio Legal Integral Municipal, mientras avanza el proceso penal.
Esto busca evitar que niñas, niños y adolescentes tengan que esperar años hasta que exista una sentencia para comenzar a recibir asistencia.
Bono definitivo
Se consolida cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada por alguno de los delitos previstos en la Ley 1680.
La propia norma establece además que una absolución o la imposibilidad de identificar al presunto autor no debe convertirse automáticamente en motivo para privar a los beneficiarios de la protección económica.
Menores de cinco años tendrán paquete alimentario
Los beneficiarios menores de cinco años tendrán además derecho a un paquete alimentario mensual.
Su valor será equivalente al 20% del subsidio de lactancia y su provisión deberá articularse mediante las entidades estatales correspondientes.
El reglamento establece medidas para evitar que la tragedia provoque también la interrupción de estudios o dificultades para acceder a atención médica.
Los beneficiarios tendrán acceso a servicios de salud y deberán contar con inscripción inmediata en el Sistema Educativo Plurinacional.
Si el niño o adolescente tiene que cambiar de domicilio, se prevé un traspaso escolar inmediato, evitando que pierda clases por trámites administrativos.
También tendrán prioridad para la consideración de becas en universidades e institutos privados.
¿Quiénes podrán acceder?
La Ley 1680 protege principalmente a hijas e hijos que quedan huérfanos como consecuencia de feminicidio y también contempla determinados casos de otros delitos contra la vida definidos expresamente por la norma.
Los beneficiarios deberán ser registrados y habilitados dentro del sistema correspondiente para acceder a las medidas de protección.
El objetivo central de la reglamentación es que la atención no llegue cuando el proceso judicial haya terminado, sino desde las primeras etapas posteriores al hecho.
“La reparación no termina con una sentencia. También significa proteger a los hijos de las víctimas”, afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez.