Canciller Aramayo denuncia ante la comunidad internacional intentos de desestabilización

El canciller Fernando Aramayo alertó ante la comunidad internacional que ciertos sectores movilizados en Bolivia utilizan el pretexto de la protesta social para intentar desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz, a pesar de los espacios permanentes de diálogo que mantiene el Ejecutivo con diferentes organizaciones sociales.

“Bolivia defiende el derecho a la protesta, protege el disenso ciudadano y reconoce todas las demandas legítimas de las organizaciones sociales, pero el Estado democrático también tiene la obligación de distinguir entre la protesta democrática y las acciones que buscan paralizar el país, afectar derechos de terceros o desconocer la autoridad de un mandato nacido del voto popular”, afirmó el canciller.

Respuesta del Gobierno

Aramayo destacó que la respuesta del Gobierno seguirá siendo el diálogo, pero advirtió que esta decisión no debe interpretarse como una señal de debilidad.

“La respuesta de Bolivia siempre va a ser, y la de este Gobierno, el diálogo como un instrumento democrático, no como debilidad”, recalcó.

El canciller señaló que el presidente Rodrigo Paz participa de manera permanente en reuniones con sectores movilizados, incluso en contextos de alta tensión y riesgo. Como ejemplo, mencionó encuentros sostenidos el jueves con el sector minero desde las 15:00 hasta las 03:00, y con juntas vecinales hasta las 05:00, describiendo estas acciones como una “vocación democrática y estar al lado del pueblo”.

Financiamiento a las protestas

Aramayo también denunció la influencia de economías ilícitas y crimen organizado, que aprovechan la conflictividad social para proteger sus intereses.

“En Bolivia vemos cómo las economías ilícitas no están operando aisladas, están penetrando estructuras sociales, estatales y económicas”, alertó.

Sobre el financiamiento de las movilizaciones, el canciller cuestionó su origen y destacó la logística de estas protestas.

“La dinamita no cae del cielo”, aseguró, haciendo referencia a la movilización de grupos con provisión de alimentos, pagos, alcohol y explosivos.

Finalmente, Aramayo enfatizó que algunas protestas han dejado de ser únicamente sociales y buscan objetivos políticos, como la renuncia del Gobierno, y reiteró que el Ejecutivo defenderá el derecho a la protesta sin permitir acciones que paralicen el país o afecten derechos fundamentales.