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La defensa de un empresario sostiene que las denuncias presentadas durante la gestión de la exautoridad eran desestimadas. Asimismo, señala supuestos cobros irregulares y conexiones con actividades ilícitas.
15/10/2026 19:16
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En el marco de las investigaciones que se siguen en contra del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, se presentaron nuevas acusaciones que involucran el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y supuesto encubrimiento de actividades ligadas al narcotráfico.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por el abogado Hugo Iriarte, representante legal de un empresario de la tercera edad, la exautoridad presuntamente habría protegido a una red de personas e instituciones involucradas en irregularidades financieras.
Iriarte afirmó que su cliente fue víctima de una supuesta estafa cometida por particulares a través de estructuras empresariales. Según la versión de la defensa, estas operaciones tenían como trasfondo el presunto blanqueo de capitales vinculado al comercio no autorizado de insumos controlados.
En sus declaraciones, Iriarte vinculó a uno de los investigados, que tiene una empresa dedicada al rubro de colchones, señalando que la empresa realizaría importaciones de acetato de metilo, un compuesto químico considerado precursor en el procesamiento de sustancias controladas.
Asimismo, el jurista sostuvo que anteriormente acudieron ante el Ministerio Público para interponer las denuncias correspondientes; sin embargo, aseveró que durante la gestión de Mariaca las acciones legales eran sistemáticamente desestimadas o rechazadas. Entre los aspectos señalados por la defensa del empresario se encuentran presuntas anomalías en el manejo jurisdiccional y territorial de las causas.
Según Iriarte, tras dictarse una resolución de rechazo el pasado 24 de julio en un proceso por legitimación de ganancias ilícitas, el caso habría sido reabierto tres días después en la ciudad de Cochabamba contra las mismas personas y bajo los mismos hechos. Además, la defensa aseguró que enviados presuntamente vinculados al entorno de la exautoridad habrían solicitado una suma de 100.000 dólares a su defendido para resolver la situación legal. El abogado citó además el nombre de Alberto Zeballos, a quien señala como la persona que presuntamente proveía los abogados a los acusados.
Hasta el momento, los procesos de investigación continúan su curso en las instancias correspondientes para determinar la veracidad de las denuncias y establecer las responsabilidades conforme a ley.