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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que la acción penal alcanza a 19 personas, entre ellas cuatro exministros. Una auditoría interna detectó observaciones en 11 de los 13 radares adquiridos dentro de un proyecto contratado por más de 191 millones de euros.
15/10/2026 17:16
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó este jueves al Ministerio Público para presentar una querella penal por presuntas irregularidades en el proyecto Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), contratado en 2016 para implementar un sistema integral de radares de defensa aérea y control del tránsito aéreo en Bolivia.
Antes de ingresar, la autoridad explicó que una auditoría interna identificó observaciones en la contratación, modificaciones contractuales, garantías, procesos de recepción y funcionamiento del sistema.
Según Justiniano, la acción penal comprende a 19 personas, entre exautoridades, exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
El proyecto SIDACTA fue contratado con la empresa francesa Thales por unos 191 millones de euros, monto que también figura en documentación histórica del Ministerio de Defensa.
Cuatro exministros están comprendidos
Justiniano indicó que entre las personas incluidas en la querella están cuatro exministros de Defensa que participaron en diferentes etapas del contrato y sus modificaciones:
“No se está acusando a nadie simplemente por haber sido ministro, funcionario público, militar o representante de una empresa. Lo que debe investigarse son actos concretos, decisiones concretas y responsabilidades individuales”, sostuvo.
Auditoría estima posible daño de Bs 1.478 millones
Justiniano informó que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa cuantificó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones, monto que ahora deberá ser investigado por el Ministerio Público.
La autoridad remarcó que tanto esa cifra como la metodología utilizada para establecerla y la relación de cada actuación con un eventual perjuicio económico deberán ser examinadas durante el proceso.
“La unidad de auditoría interna cuantificó un posible daño económico estimado superior a 1.478 millones de bolivianos”, afirmó.
Desde la Procuraduría se informó que se investigarán presuntamente los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
De 31 meses se pasó a 98 para las pruebas finales
Otro de los elementos cuestionados por Defensa es el tiempo que demandó la ejecución del proyecto.
Según Justiniano, el contrato original contemplaba un plazo de 31 meses, pero tras siete contratos modificatorios pasó a 82 meses, mientras que la demostración final del sistema se realizó aproximadamente a los 98 meses desde la orden de proceder.
“De 31 hemos pasado a 98 meses”, señaló la autoridad al cuestionar las sucesivas ampliaciones.
Observaciones en 11 de los 13 radares
De acuerdo con el informe expuesto por Justiniano, el proyecto llegó a registrar 100% de ejecución física y 97,85% de ejecución financiera, pero los informes técnicos consignaron observaciones en la mayoría de los equipos.
El ministro detalló que de los 13 radares, dos figuraban operativos sin observaciones, nueve estaban operativos pero con observaciones y dos no estaban operativos.
“De 13 radares, nueve estaban con observaciones, dos no estaban funcionando y solamente dos estaban funcionando”, manifestó.