Autoridades y Save the Children alertan que el 22% de los adolescentes bolivianos viven en uniones tempranas; buscan aplicar con rigor la Ley 1639 para frenar el impacto en la salud y el desarrollo de los menores.
11/05/2026 22:04
Escuchar esta nota
En un esfuerzo conjunto por salvaguardar la integridad de la niñez y adolescencia, autoridades municipales y organizaciones internacionales lanzaron una campaña intensiva de socialización normativa para frenar el matrimonio infantil y las uniones tempranas en la región.
La iniciativa busca no solo informar sobre la ilegalidad de estas prácticas, sino también alertar sobre las devastadoras consecuencias físicas, psicológicas y sociales que enfrentan los menores forzados a asumir roles de adultos de manera prematura.
Cifras alarmantes en el país
Durante el evento de socialización, Bernardo Ponce, gerente de Save The Children, presentó datos estadísticos que reflejan la magnitud de esta problemática en Bolivia. El panorama es preocupante:
Matrimonios y uniones: Entre 2010 y 2022, se registraron más de 11,000 casos.
Menores de 18 años: Específicamente entre 2014 y 2024, se contabilizaron 4,804 matrimonios que involucraban a menores de 16 y 17 años.
Embarazo adolescente: Al cierre de 2023, la cifra de embarazos en menores de edad superó los 35,000 registros.
Prevalencia: Actualmente, el 22% de los adolescentes bolivianos de entre 15 y 19 años ya se encuentra en una unión temprana.
Aplicación estricta de la Ley 1639
La campaña pone énfasis en el cumplimiento de la Ley 1639, la cual prohíbe de manera tajante cualquier tipo de unión, ya sea formal o de hecho, que involucre a niñas, niños y adolescentes.
Cinthia Prado, directora de Género Generacional, destacó que la estrategia no se limita a la fiscalización, sino a un cambio cultural profundo a través de una "alfabetización" social sobre los derechos de la infancia.
"Cumplimos la ley que prohíbe tajantemente los matrimonios y uniones infantiles con esta campaña sostenida para informar, alfabetizar y sensibilizar a la población, para que todos censuren este tema", afirmó Prado.
El objetivo central de las autoridades es promover la protección de los derechos fundamentales de los menores, evitando que el abandono escolar y la violencia de género sigan siendo subproductos de estas uniones forzadas. La meta es clara: una sociedad informada que denuncie y rechace cualquier intento de vulnerar la etapa de desarrollo de la niñez cochabambina.
Mira la programación en Red Uno Play
{{hora}}
{{hora}}
