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Comisión de maestros se reúne en el Ministerio de Trabajo tras fuertes enfrentamientos

Tras una jornada marcada por el uso de dinamita, gasificaciones y el resguardo policial de la UTOP, una delegación del magisterio rural ingresó a la entidad para entregar su pliego petitorio y exigir el incremento salarial.

13/05/2026 16:04

Comisión de maestros se reúne en el Ministerio de Trabajo tras fuertes enfrentamientos. Foto: APG.
La Paz, Bolivia

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Lo que inició como una movilización masiva del magisterio rural en el centro paceño derivó este miércoles en una mañana de violencia y alta tensión. Las inmediaciones del Ministerio de Trabajo se convirtieron en el escenario de un nuevo enfrentamiento entre maestros rurales y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), dejando un saldo de incertidumbre antes de lograrse un acercamiento oficial.

La marcha, que exige un incremento salarial, mayores ítems y mejores condiciones laborales, llegó a las puertas de la cartera de Estado con una actitud combativa. La tensión escaló rápidamente cuando los manifestantes intentaron forzar el ingreso a las oficinas.

Se registró el uso de dinamita por parte de los movilizados, lo que provocó la intervención inmediata de la Policía. Los agentes del orden utilizaron agentes químicos (gasificación) para dispersar la presión en las puertas del edificio, obligando a los profesores a retroceder hasta la llegada de refuerzos. La UTOP estableció un cordón de seguridad permanente para evitar la toma de las instalaciones.

Pese a las escaramuzas y el clima de hostilidad, la presión del sector social forzó una apertura institucional. Bajo un estricto resguardo policial para evitar nuevos desbordes, una comisión de representantes del magisterio fue autorizada para ingresar al Ministerio de Trabajo.

El objetivo central de esta reunión es la entrega formal del pliego petitorio, que tiene como punto principal la aprobación de un aumento salarial para esta gestión. Los dirigentes buscan que las autoridades de dicha cartera estatal actúen como interlocutores válidos ante las demandas que, según denuncian, han sido postergadas por el Gobierno.

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