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El encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Emilio Arredondo, explicó que el funcionario pertenece al Órgano Judicial y que fue designado como oficial de diligencia de un juzgado público, civil y comercial mediante una resolución de Sala Plena.
08/10/2026 16:25
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El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz formalizó acciones penales y disciplinarias contra el oficial de diligencia de un juzgado público, civil y comercial que fue detenido cuando se encontraba en una ambulancia que transportaba dinero vinculado al fallecido fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.
La institución informó que, además de las circunstancias que rodearon su detención, el funcionario se encontraba en posesión de un expediente judicial, situación que habría motivado la apertura de nuevas acciones en su contra por hechos que podrían configurar incumplimiento de deberes y la supresión o destrucción de documentación, además de otras responsabilidades que sean determinadas durante la investigación.
El encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Emilio J. Arredondo Cacho, explicó que el funcionario pertenece al Órgano Judicial y que fue designado como oficial de diligencia de un juzgado público, civil y comercial mediante una resolución de Sala Plena.
“Este funcionario es oficial de diligencia de este juzgado. La Unidad de Recursos Humanos emite un informe y nos hace conocer que él es un oficial de diligencia del juzgado público, civil y comercial SEC, que fue designado el 14 de enero de 2026 mediante Sala Plena número 27-2025”, señaló.
Arredondo aclaró que la designación no fue realizada directamente por el Consejo de la Magistratura. “Evidentemente, él ha sido designado por Sala Plena del Tribunal, no ha sido designado por el Consejo de la Magistratura”, afirmó.
Según la autoridad, la Unidad de Transparencia también remitió un informe este miércoles 8 de octubre, en el que se toma en cuenta tanto el reporte de la jueza como los antecedentes proporcionados por Recursos Humanos.
A partir de esos documentos, Transparencia recomendó iniciar acciones penales contra el funcionario por presuntos hechos relacionados con incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. El argumento expuesto por la institución es que los expedientes judiciales deben permanecer bajo custodia y dentro de las dependencias correspondientes.
“Luego, la Unidad de Transparencia nos emite un informe, el cual nos ha hecho llegar el 8 de octubre, el día de hoy, a las 8.50, el cual ya nos hace referencia al informe de la juez y de la Unidad de Recursos Humanos. Y nos recomienda iniciar procesos penales en contra de este funcionario, por los hechos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado”, explicó.
El funcionario agregó que la situación adquiere relevancia debido a que se trata de documentación perteneciente a un juzgado. “¿Por qué? Porque son expedientes que tendrían que estar dentro de un juzgado”, sostuvo.
Proceso disciplinario y posible destitución
En paralelo a la denuncia penal, el Consejo de la Magistratura anunció que activará el procedimiento disciplinario correspondiente, tomando en cuenta que el funcionario se encuentra detenido y, por ese motivo, no está cumpliendo funciones.
La institución prevé realizar las actuaciones administrativas necesarias para establecer las responsabilidades disciplinarias y, de corresponder, avanzar hacia su destitución.
“Desconozco si será sobrino político de la exautoridad, pero nosotros, según nuestra competencia, la Unidad de Recursos Humanos ha hecho levantamiento de que este funcionario evidentemente no se encuentra en funciones. ¿Por qué? Porque se encuentra detenido”, manifestó Arredondo.
La autoridad remarcó que el Consejo actuará dentro del ámbito de sus competencias y anunció que se impulsarán los procedimientos correspondientes.
“Estamos haciendo el alta correspondiente para que nosotros iniciemos los procesos disciplinarios correspondientes para su destitución”, concluyó.