Defensa de Cerimedo apela su traslado a Chonchocoro y cuestiona la decisión judicial

La defensa legal del consultor político Fernando Cerimedo confirmó que interpuso un recurso de apelación contra la resolución judicial que dictó seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el marco de las investigaciones que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. El equipo jurídico busca dejar sin efecto la medida cautelar o, en su defecto, evitar el traslado al recinto de Viacha.

"Vamos a hacer lo posible, hemos planteado una apelación, esperemos que eso sea revertido", manifestó el jurista Ramiro Vega, abogado de Cerimedo, al señalar que la argumentación del juzgador adolece de graves falencias técnicas.

Cuestionan falta de fundamentación para Chonchocoro

A juicio de la defensa, ni la Fiscalía ni el juez justificaron los motivos técnicos para ordenar el encierro en un penal de máxima seguridad, puesto que no se demostró que el imputado represente un perfil de alta peligrosidad.

"El Ministerio Público ha pedido que se vaya a Chonchocoro y no ha fundamentado por qué. Para que alguien vaya a una cárcel de máxima seguridad se tiene que decir: existen estos riesgos, es una persona de alta peligrosidad", recriminó Vega.

Asimismo, el abogado criticó los razonamientos vertidos por la autoridad judicial respecto a la condición de extranjero de Cerimedo y sus inversiones en el país. "El juez cuestionó por qué alguien querría venir a Bolivia si gana un millón de dólares afuera, tildando al país de tercermundista. La argumentación ha sido bastante endeble, me parece fácil de revertir en apelación o incluso en instancias internacionales", enfatizó.

Críticas a la postura del Ejecutivo sobre el asesoramiento político

Por otro lado, la defensa se refirió a las recientes declaraciones vertidas desde la Presidencia sobre el vínculo estratégico que Cerimedo mantenía con la actual administración de gobierno. Vega lamentó que se intente distanciar la imagen del mandatario de quien fuera su colaborador en campaña.

"El señor Cerimedo sí era asesor, un asesor al que no se le pagaba. No tiene nada de malo; Evo Morales tenía asesores cubanos, la Constitución la hicieron españoles y Gonzalo Sánchez de Lozada tenía asesores norteamericanos. No es ilegal tener asesores externos", argumentó el jurista.

Vega sostuvo que la postura oficial de negar el nexo resulta contraproducente frente a las pruebas públicas que emergen continuamente. "La verdad es lo que dijo Cerimedo en su declaración: lo asesoraba en la campaña y ayudó en lo que pudo durante la gestión. Si se diera un hecho delicado como un feminicidio, se entiende el distanciamiento para no interferir, pero negar que estuvo ahí solo provoca que le sigan saliendo fotos cada día", concluyó.