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El coronel retirado del Ejército, abogado y experto en seguridad y defensa, Jorge Santistevan, sostuvo además que la responsabilidad no necesariamente recaería únicamente en quienes hayan sustraído la munición. “Los militares que han cometido el delito forman parte de la estructura criminal y otros son cómplices”, afirmó.
04/09/2026 10:07
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La desaparición de más de 33.000 cartuchos de munición militar puso en alerta a las autoridades y abrió una investigación para establecer cómo fueron sustraídos los proyectiles de un recinto militar en el municipio de Montero. Por el caso, dos militares fueron aprehendidos y uno de ellos fue enviado a la cárcel con detención preventiva por 120 días.
El caso es considerado de alta gravedad debido a la cantidad de munición desaparecida y a las características del armamento. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante las verificaciones se detectó que se habrían utilizado bolsas de cemento para simular el peso de los proyectiles y ocultar la cantidad de munición faltante.
El coronel retirado del Ejército, abogado y experto en seguridad y defensa, Jorge Santistevan, calificó el hecho como un posible indicio de una estructura criminal que habría operado dentro del recinto militar.
“Cuando hablamos de munición, no estamos hablando de una munición para ir a caza y pesca. Esta es una munición de guerra”, afirmó el experto.
Santistevan explicó que los cartuchos calibre 5,56 milímetros son utilizados en fusiles de uso militar y advirtió que una cantidad de esa magnitud podría tener como destino el abastecimiento de organizaciones criminales.
Según su análisis, la sustracción de los 33.000 cartuchos no debería ser considerada simplemente como un robo aislado, debido a la cantidad de munición y a la capacidad económica que se requeriría para adquirirla en el mercado ilegal.
“Quienes usan en gran cantidad y quienes tienen poder económico para comprar semejante cantidad son las organizaciones de narcotraficantes y terroristas”, sostuvo, aunque remarcó que el destino final de la munición deberá ser determinado por las investigaciones.
El experto también señaló que el caso podría tener una dimensión regional si se confirma que la munición estaba destinada a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras bolivianas.
“Hay negligencia, complicidad y vulneración de reglamentos”
Santistevan cuestionó además los mecanismos de control dentro de los recintos militares y consideró que la desaparición de semejante cantidad de munición evidencia posibles fallas en la cadena de mando.
A su criterio, entre los aspectos que deberían ser investigados están las guardias, las inspecciones periódicas, la rotación del personal, el control de los depósitos y la supervisión ejercida por los mandos superiores.
“Hay negligencia, hay complicidad y hay vulneración al cumplimiento de los reglamentos y las leyes militares”, afirmó.
El experto sostuvo además que la responsabilidad no necesariamente recaería únicamente en quienes hayan sustraído físicamente la munición.
“Los militares que han cometido el delito es un grupo que forma parte, algunos de ellos forman parte de la estructura criminal y otros son cómplices”, manifestó.
Estas afirmaciones forman parte del análisis del especialista y deberán ser contrastadas con los resultados de la investigación judicial, que deberá establecer quiénes participaron en la sustracción, cómo se ejecutó y cuál habría sido el destino de los cartuchos.
Investigación apunta a establecer cómo desapareció la munición
La investigación continúa mientras uno de los militares implicados permanece con detención preventiva. Las autoridades deberán determinar además si existieron otras personas involucradas y qué controles fueron vulnerados para permitir que una cantidad tan elevada de munición saliera del recinto militar.
Para Santistevan, el caso debería derivar en una revisión de los mecanismos de seguridad y control de los arsenales de las Fuerzas Armadas.
“No pueden descuidar la seguridad de los cuarteles”, sostuvo el experto, al advertir que la pérdida de munición de guerra representa un riesgo que trasciende al propio recinto militar.
El Ministerio Público y las autoridades competentes deberán ahora establecer las responsabilidades penales y administrativas, además de determinar el destino de los más de 33.000 cartuchos reportados como desaparecidos.
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