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La medida se presenta como parte de una campaña contra la corrupción y el narcotráfico. Sin embargo, la nueva nómina todavía requiere confirmación oficial independiente.
22/10/2026 14:49
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Un comunicado del Departamento de Estado anuncia una nueva ampliación de las restricciones de visas que ya alcanzaría a 40 personas en Bolivia.
El documento identifica a 15 ciudadanos bolivianos, entre los que figuran autoridades judiciales, fiscales, legisladores, exfuncionarios policiales y otras personas vinculadas a instituciones públicas.
Según el texto, las nuevas restricciones forman parte de la estrategia de Estados Unidos para impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros cuyas actividades sean consideradas perjudiciales para la gobernabilidad democrática y la seguridad regional.
La medida se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas y en compromisos de cooperación contra las organizaciones criminales.
La administración estadounidense sostiene que las actividades vinculadas con la corrupción y el narcotráfico pueden debilitar instituciones como el sistema judicial, las fuerzas policiales y los órganos legislativos.
El nuevo documento señala que las restricciones ya alcanzarían a 40 personas y presenta una nómina de 15 ciudadanos bolivianos junto a sus familiares directos.
Entre los cargos mencionados figuran diputados nacionales, fiscales, jueces, exautoridades de Migración y de la Unidad de Investigaciones Financieras, así como funcionarios y exfuncionarios vinculados a la Policía y la lucha contra el narcotráfico.
Las restricciones se sustentan en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
Esta disposición permite que las autoridades estadounidenses nieguen visas cuando existan motivos razonables para considerar que el ingreso o las actividades de una persona podrían ocasionar consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior del país.
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado anunció oficialmente restricciones contra 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, además de declarar generalmente inelegibles para recibir visas a otros nueve bolivianos que no contaban con ese documento.
Posteriormente, Washington comunicó su intención de adoptar medidas contra otros 20 funcionarios bolivianos.