Es oficial: El Gobierno publica en la Gaceta la abrogación de la Ley 1720

En cumplimiento de las atribuciones constitucionales y como resultado de los acuerdos alcanzados con diversos sectores sociales, el Presidente Constitucional del Estado, Rodrigo Paz Pereira, promulgó la Ley N° 1731 con fecha 13 de mayo de 2026. Esta norma, publicada de manera inmediata en la Gaceta Oficial, dispone la abrogación total de la Ley N° 1720, sentando las bases para una reforma agraria participativa y técnicamente sustentada.

Reafirmación de la Seguridad Jurídica y Territorial

Desde una perspectiva institucional, la Ley 1731 no solo deja sin efecto la normativa anterior, sino que refuerza los pilares del régimen agrario nacional. El Estado ratifica su compromiso con la protección de las funciones sociales y económicas de la tierra, estableciendo salvaguardas explícitas para los territorios indígenas y áreas protegidas.

La norma subraya que cualquier proceso de conversión de la pequeña propiedad agraria será estrictamente voluntario. De este modo, se garantiza que el carácter técnico, administrativo y legal del proceso beneficie directamente al productor, preservando la exclusión de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) y las áreas de reserva natural.

Fortalecimiento de la Institucionalidad Agraria

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es la revalorización de las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), creadas originalmente por la Ley N° 1715. Según la Disposición Transitoria Segunda, el proceso de concertación debe fundamentarse en estos entes para asegurar:

• Representatividad y Legalidad: La participación activa de entidades nacionales y departamentales cuya representatividad esté debidamente verificada.

• Pluralismo Sectorial: Un espacio de diálogo técnico donde los actores del agro puedan proponer las condiciones y procedimientos del futuro marco normativo.

Mandato al Órgano Legislativo

La Ley 1731 otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional un plazo de sesenta (60) días para proponer una nueva ley. Este periodo exige una coordinación estrecha entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, bajo una visión de Estado que priorice la estabilidad del sector rural y el acceso a beneficios posteriores a la conversión de tierras.

"Esta decisión es fruto del diálogo institucional y busca consolidar consensos que integren a todos los sectores del país", manifestó el primer mandatario, destacando que la paz social y el respeto a la legalidad son los ejes rectores de esta transición normativa.

Con la publicación oficial de esta ley, firmada también por el ministro José Luis Lupo Flores, el Gobierno reafirma su facultad de ajustar las políticas públicas en atención a las demandas de representatividad y seguridad jurídica agraria.