General Alcázar: "Caso Viacha debió comenzar en la justicia militar"

El general en servicio pasivo Luis Fernando Alcázar cuestionó el procedimiento asumido dentro de la investigación por las explosiones registradas en Viacha y consideró que se habría cometido un error al acudir directamente a la justicia ordinaria.

Según explicó, por las características del hecho correspondía inicialmente activar los mecanismos previstos dentro de las Fuerzas Armadas.

“Personalmente creo que se está cometiendo un error”, afirmó Alcázar al referirse al curso de las investigaciones.

Sostiene que primero debía realizarse un sumario informativo

El militar en retiro señaló que, de acuerdo con su interpretación del Código Penal Militar y la normativa militar, cuando un hecho ocurre en instalaciones castrenses y tiene participación de militares, primero debería intervenir la jurisdicción militar.

“Cuando un hecho se realiza en una instalación militar, está protagonizado por militares, primero actúa la justicia militar”, manifestó.

Alcázar indicó que correspondía desarrollar un sumario informativo que permita establecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

Auto final determinaría si corresponde acudir a la justicia ordinaria

Según el general en servicio pasivo, una vez concluido el sumario informativo debería emitirse un auto final.

Afirmó que, si en esa resolución se identifican responsabilidades que deban ser investigadas por la justicia ordinaria, recién correspondería remitir los antecedentes a esa instancia.

“Tiene que hacer un sumario informativo para emitir un auto final y en ese auto final, si se establece culpabilidades y hay la necesidad de que el personal responsable pase a la justicia ordinaria, se procede de esa manera”, explicó.

Advierte posible sobreposición de competencias

Alcázar consideró que el procedimiento aplicado podría haber dejado en segundo plano las atribuciones de la justicia militar.

“Estarían sobrepasando las atribuciones que tiene la justicia militar”, sostuvo.

La posición corresponde al criterio jurídico y militar expresado por Alcázar y deberá ser contrastada con las determinaciones que adopten las autoridades competentes dentro del proceso.