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La medida permitirá liberar recursos departamentales, mientras el sistema carcelario boliviano mantiene una población superior a las 32.000 personas y un hacinamiento que supera el 100%.
30/09/2026 13:52
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El presidente Rodrigo Paz, promulgó la "Ley de Prediarios", que establece que el nivel central del Estado asumirá desde la gestión 2026 el pago de los prediarios y los gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario, obligaciones que hasta ahora eran financiadas por las gobernaciones. La norma también contempla el traslado del financiamiento del Bono de Vacunación al Gobierno central.
El cambio alcanza a un sistema penitenciario que atraviesa una situación crítica por el crecimiento de su población y los elevados niveles de hacinamiento.
¿Cuántas personas están privadas de libertad en Bolivia?
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 32.677 personas estaban privadas de libertad en Bolivia a diciembre de 2025. Esa cifra representó una reducción respecto a julio del mismo año, cuando se registraron 33.058 personas en los centros penitenciarios del país.
El informe defensorial también reportó que el sistema penitenciario cerró 2025 con un hacinamiento del 109%, una situación que refleja la presión que soportan los recintos carcelarios a nivel nacional.
Casi seis de cada 10 estaban sin sentencia
Uno de los principales factores detrás de la sobrepoblación es la elevada cantidad de personas que permanecen en prisión preventiva.
A diciembre de 2025, el 53,91% de la población penitenciaria se encontraba sin sentencia condenatoria, según el seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo.
El porcentaje había sido todavía mayor durante el primer semestre de 2025. En junio, la Defensoría reportó que el 58,2% de las 33.274 personas privadas de libertad se encontraba bajo detención preventiva.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La Ley de Reasignación de Obligaciones Financieras establece que el Gobierno central asumirá el financiamiento del prediario y los gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario, mientras que las gobernaciones dejarán de destinar recursos propios para esas obligaciones.
La norma también contempla el traslado del financiamiento del Bono de Vacunación al nivel central.
De acuerdo con información difundida durante la aprobación de la norma, el cambio permitirá liberar aproximadamente Bs 208 millones para las nueve gobernaciones.
La distribución estimada incluye alrededor de Bs 30 millones para Cochabamba, Bs 47 millones para La Paz y Bs 56 millones para Santa Cruz, entre otros montos destinados a los gobiernos departamentales.
Un sistema que creció con fuerza
La dimensión del problema también puede observarse en la evolución de la población penitenciaria.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 había alrededor de 17.305 personas privadas de libertad, mientras que para julio de 2025 la cifra había superado las 33.000.
Es decir, en aproximadamente cinco años la población penitenciaria prácticamente se duplicó.
El informe correspondiente a 2024 registró 32.035 personas privadas de libertad, de las cuales el 6,82% eran mujeres. En ese momento, el hacinamiento nacional ya alcanzaba el 105% y el 58,71% se encontraba en detención preventiva.
¿Por qué es importante el cambio?
El traslado del financiamiento de los prediarios al Gobierno central modifica quién asume una obligación económica vinculada al sistema penitenciario. Para las gobernaciones, significa liberar recursos que podrán ser destinados a otras competencias departamentales.
Para el sistema carcelario, en cambio, el desafío continúa siendo mucho más amplio: la cantidad de personas privadas de libertad, el hacinamiento y el alto porcentaje de detenidos preventivos siguen ejerciendo una fuerte presión sobre los centros penitenciarios del país.
La Defensoría del Pueblo reportó además que durante 2026 persiste la crisis estructural del sistema penitenciario y que el hacinamiento llegó a superar el 109% en su último seguimiento publicado.