Gobierno denuncia financiamiento del narcotráfico detrás de protestas y llama a un Gran Acuerdo para Reconstruir la Patria

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció este jueves que detrás de las protestas, bloqueos y movilizaciones que se registran en el país existe financiamiento vinculado al narcotráfico, con el objetivo de desestabilizar al Gobierno y romper el orden constitucional.

Durante una conferencia de prensa, Gálvez afirmó que Bolivia enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos: eliminar las redes criminales internacionales del narcotráfico, que, según sostuvo, fueron protegidas durante años por anteriores gobiernos. En ese marco, aseguró que ciertos dirigentes utilizan demandas sociales para encubrir intereses políticos.

“El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”, manifestó el vocero, al pedir a trabajadores, campesinos e indígenas que exijan explicaciones sobre el origen del dinero usado para movilidades, alimentación, seguridad, dinamita y viáticos durante las protestas.

Dirigentes funcionales a Evo

Gálvez apuntó directamente contra dirigentes que, según dijo, serían funcionales a intereses políticos del expresidente Evo Morales. Aseguró que estas movilizaciones no buscan resolver demandas sectoriales, sino generar un escenario de confrontación para intentar tomar el poder por la fuerza.

Responsables de los muertos

El vocero también responsabilizó a los bloqueos por la muerte de personas que no habrían recibido atención médica oportuna debido a los cortes de ruta. Señaló que estas víctimas son consecuencia de un “plan macabro” que, según el Gobierno, fue pensado, financiado y operado desde el Chapare.

Pese a las denuncias, Gálvez remarcó que el Gobierno mantiene abierto el diálogo con los sectores que presenten demandas legítimas. Recordó que ya se alcanzaron acuerdos con transportistas, productores, campesinos, pueblos indígenas del oriente, agroindustriales, mineros y otros sectores.

Estado de excepción

Consultado sobre la posibilidad de declarar un estado de excepción, el vocero indicó que el Ejecutivo evaluó todas las atribuciones que le permite la Constitución y que cualquier decisión será anunciada oportunamente por el presidente.

Finalmente, Gálvez afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira ejercerá sus prerrogativas constitucionales para garantizar la paz social, proteger la democracia y evitar que el narcotráfico tome el país “por la fuerza”.