Justiniano: “Hay una pugna de poder” tras aprehensión de Mariaca y Zeballos

El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano cuestionó la legalidad de las recientes aprehensiones del exfiscal general del Estado Roger Mariaca y del exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, además de las intervenciones realizadas en oficinas de la Fiscalía en distintas regiones del país.

Justiniano sostuvo que la primera interrogante que debe ser esclarecida es bajo qué orden se ejecutó la aprehensión de Mariaca y quién la emitió, al considerar que este aspecto es fundamental para establecer el control de legalidad del operativo.

“Desde mi punto de vista, creo que lo que se ha hecho el día de anoche ha sido una vulneración a la Constitución Política del Estado, una vulneración a lo que establece la institucionalidad del Ministerio Público y lamentablemente esto nos lleva a un estado de inseguridad e incertidumbre”, afirmó.

El exministro cuestionó además que se haya argumentado una acción directa para justificar las aprehensiones. “Para que proceda una acción directa, tiene que haber flagrancia, se tiene que estar cometiendo el delito en ese momento”, señaló.

Justiniano también cuestionó que las investigaciones tengan como uno de sus elementos las declaraciones del narcotraficante Sebastián Marset 

Afirmó que las declaraciones de un imputado deben ser valoradas dentro de un proceso y consideró que esos elementos no deberían, por sí solos, sustentar un operativo de estas características.

En ese contexto, sostuvo que detrás de las acciones existiría una disputa de poder entre sectores vinculados al Ministerio Público y el Gobierno. Según su interpretación, la investigación que llevaba adelante Mariaca sobre personas del entorno presidencial habría desencadenado una reacción.

“Yo creo que esta es una pugna de poder. Es una pugna de poder en la que estaba investigando el señor Mariaca al entorno presidencial, y al entorno presidencial lo que ha hecho ha sido dar un primer golpe”, afirmó.

Respecto a cómo debió actuar el Gobierno si contaba con información sobre presuntos delitos cometidos por autoridades del Ministerio Público, Justiniano señaló que correspondía seguir los procedimientos establecidos por ley.

“Debió haber seguido un orden legal, un orden constitucional. Porque si no seguimos el orden constitucional, bajo el pretexto de que estamos combatiendo la corrupción, el narcotráfico, el narcoterrorismo, entonces no se respetan los derechos en Bolivia, no se respeta el Estado de Derecho”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la situación jurídica de Mariaca y sostuvo que, desde su interpretación, el exfiscal general continuaría ejerciendo el cargo mientras no se haya cumplido el procedimiento establecido para su suspensión y posterior destitución.

Finalmente, Justiniano calificó como ilegales las intervenciones y allanamientos registrados en dependencias de la Fiscalía General del Estado y fiscalías departamentales de La Paz, Santa Cruz y Sucre, y cuestionó que no se haya informado qué autoridad judicial autorizó esos procedimientos.

El exministro remarcó que sus observaciones no implican una defensa de las personas investigadas, sino un cuestionamiento al procedimiento utilizado por las autoridades. “No estoy defendiendo a nadie, solamente defiendo la legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica”, afirmó.