La nueva ley establece además un plazo de 180 días para avanzar en su implementación. Durante ese periodo, el Ejecutivo departamental, a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico, deberá desarrollar las acciones correspondientes para poner en marcha las disposiciones de la normativa.
11/09/2026 14:03
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La Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías establece tres ejes centrales para enfrentar los efectos de los bloqueos en Santa Cruz: prevención, coordinación interinstitucional y atención de contingencias. La nueva normativa busca reducir el impacto de estas medidas sobre la población, la salud, la producción, el abastecimiento y la libre circulación.
La norma fue promulgada este viernes por la Gobernación de Santa Cruz durante un acto desarrollado en la Casa de Gobierno Juan Pablo Velasco, con la firma del gobernador Juan Pablo Velasco.
El primer eje está relacionado con la prevención, mediante la implementación de mecanismos de alerta temprana, planificación y acciones destinadas a anticipar posibles situaciones de conflicto que puedan derivar en bloqueos de vías.
El segundo componente contempla la coordinación interinstitucional, con el objetivo de articular la respuesta de las diferentes instituciones involucradas ante este tipo de contingencias. La normativa fue trabajada durante más de tres meses mediante análisis técnico, diálogo y mesas de concertación, con la participación de la Policía, instancias jurídicas de la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental, además de sectores productivos y representantes de la sociedad civil.
El tercer eje corresponde a la atención de contingencias, que contempla mecanismos destinados a proteger la vida y reducir las consecuencias de los bloqueos, entre ellos la habilitación de corredores humanitarios y acciones para disminuir las afectaciones a la producción y las cadenas de abastecimiento.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, destacó que la norma fue impulsada desde el órgano legislativo departamental y sostuvo que su aprobación representa un ejercicio de la autonomía cruceña frente a los efectos que generan los bloqueos.
Álvarez remarcó que la normativa no busca vulnerar el derecho constitucional a la protesta. “Esta ley no vulnera ningún tipo de derecho constitucional, como es el de la legítima protesta”, afirmó, al explicar que la norma está dirigida a la prevención y atención de contingencias violentas que puedan afectar las vías y los derechos de terceros.
Por su parte, la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, sostuvo que la nueva legislación responde a una demanda del departamento y planteó como uno de los principales desafíos la necesidad de erradicar lo que calificó como una “cultura del bloqueo”.
Aguirre señaló que los bloqueos generan consecuencias sobre personas que no participan de los conflictos, entre ellas pacientes que requieren atención médica, familias, transportistas y productores, además de vehículos que trasladan medicamentos, alimentos y ganado.
La autoridad también advirtió sobre las repercusiones económicas de estas medidas, debido a que pueden interrumpir la llegada de alimentos a los mercados, afectar el empleo y perjudicar la continuidad de las cadenas productivas. Asimismo, sostuvo que los bloqueos pueden generar un impacto negativo en la imagen de Bolivia ante potenciales inversiones.
La vicegobernadora insistió en que la norma no tiene como finalidad sancionar la protesta, sino anticiparse a los conflictos, coordinar acciones y establecer mecanismos de respuesta frente a situaciones que afecten la libre circulación y otros derechos.
Durante el acto también se planteó la posibilidad de impulsar una ley nacional antibloqueo. Aguirre señaló que la Asamblea Legislativa Departamental asumió el mandato de llevar esta discusión al ámbito nacional y planteó que diputados y senadores cruceños promuevan una normativa de alcance nacional.
La nueva ley establece además un plazo de 180 días para avanzar en su implementación. Durante ese periodo, el Ejecutivo departamental, a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico, deberá desarrollar las acciones correspondientes para poner en marcha las disposiciones de la normativa.
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