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El bloqueo al botadero de Cotapachi cumple seis días tras la inasistencia de los comunarios al diálogo. Las autoridades denuncian un atentado a la salud pública y apelan a la intervención de la Defensoría del Pueblo mientras evalúan acciones legales.
16/09/2026 22:36
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El municipio de Quillacollo enfrenta una severa crisis ambiental y sanitaria tras cumplir seis días consecutivos con el servicio de recojo domiciliario suspendido. El bloqueo que mantienen los pobladores en el botadero de Cotapachi ha provocado la acumulación de más de 1.000 toneladas de desperdicios en las calles, aceras y en la propia flota de limpieza municipal.
Las autoridades de la Alcaldía expresaron su profunda preocupación ante el impacto inmediato en la salud de la población y el colapso del sistema de gestión de residuos.
Impacto en cifras y riesgo epidemiológico
Capacidad colapsada: La Directora de la Empresa Municipal de Aseo Quillacollo (EMAQ), Albina Santos, precisó que el municipio genera en promedio 170 toneladas diarias. Actualmente, la atención se ha restringido de forma exclusiva a algunas unidades educativas y mercados locales.
Flota retenida: Nueve carros basureros, además de volquetas y retroexcavadoras, permanecen replegados y cargados a su máxima capacidad, desprendiendo olores fétidos y derramando líquidos lixiviados en las instalaciones de la entidad.
Desechos hospitalarios acumulados: El Secretario de Salud del municipio advirtió que existen al menos dos toneladas de residuos biológico-infecciosos acumulados en los nueve centros de salud de la red pública, lo que representa un foco de infección directo para pacientes, personal médico y vecinos de las zonas aledañas.
Fracaso del diálogo y posibles procesos legales
La dirigencia de la Central Regional de Cotapachi, a la cabeza del dirigente Lucio Padilla, dejó plantadas a las autoridades municipales en la reunión convocada en el salón parroquial para intentar destrabar el conflicto. Ante esta inasistencia, el Ejecutivo municipal calificó la postura de los manifestantes como una intransigencia que vulnera los derechos colectivos.
El Secretario General de la Alcaldía, Boris Mercado, informó que se solicitaron gestiones de mediación a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba. Asimismo, lamentó la falta de pronunciamiento y la inacción por parte de la Gobernación de Cochabamba para resolver la disputa.
Mercado no descartó la activación de procesos penales contra los promotores de la medida de presión por el delito de atentado contra la salud pública, al tiempo que reiteró que el alcalde Luis Santa Cruz mantiene las puertas abiertas para entablar mesas de concertación. Entre tanto, desde la municipalidad solicitaron de manera enfática a la ciudadanía no sacar la basura a las vías públicas para evitar una mayor proliferación de vectores de contaminación.