Ministerio de Gobierno deberá garantizar corredores humanitarios, según Barral

El exdiputado Amílcar Barral señaló que la Sala Constitucional Segunda de La Paz concedió la tutela de su acción popular presentada contra los bloqueos protagonizados por movimientos sociales, incluyendo la Central Obrera Boliviana (COB), Tupac Katari, Ponchos Rojos y el senador Milton Condori. La medida busca proteger derechos colectivos y difusos como el acceso a salud, alimentación, educación, transporte y seguridad ciudadana.

“Se está ordenando a los movimientos sociales que levanten los bloqueos de manera pacífica. Caso contrario, se individualizará a quienes estén organizando, financiando o ejecutando estos bloqueos”, explicó Barral.

Sanciones de no acatarse

Barral aclaró que la acción no se focaliza en los movimientos completos, sino en los individuos que efectivamente bloquean, quienes podrían enfrentar procesos penales, detención y sanciones si no acatan la orden judicial.

“Estos bloqueos masivos que impiden el ingreso de alimentos, oxígeno, medicamentos y libre tránsito violan la Constitución y no están protegidos por el derecho a la protesta social”, agregó.

Ministerio de Gobierno

El exdiputado destacó que la resolución otorga al Ministerio de Gobierno y autoridades competentes la obligación de garantizar la transitabilidad mínima, corredores humanitarios y protección de servicios esenciales, sin reemplazar el derecho a protestas pacíficas. Además, mencionó que la justicia permite que, de persistir los bloqueos graves, el Gobierno cuente con herramientas legales como declarar estado de excepción o medidas similares.

“Es una resolución constitucional, fundamentada con derecho internacional, de cumplimiento obligatorio e inmediato. Cada persona que siga bloqueando se enfrentará a las consecuencias de un proceso penal seguro”, concluyó Barral.

La acción popular representa un paso clave para proteger los derechos de la ciudadanía frente a bloqueos que afectan servicios esenciales y marca un precedente sobre la individualización de responsabilidades en protestas masivas.