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Tras más de un mes de medidas de presión, los enfermos aguardan el desembolso estatal que cubra sus tratamientos vitales.
11/08/2026 23:09
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La Sala Constitucional falló a favor de los pacientes renales y ordenó al Ministerio de Salud ejecutar los pagos pendientes a los centros de salud para reanudar los tratamientos de diálisis. En este contexto, los pacientes continúan en vigilia en la Plaza principal 24 de septiembre, hasta lograr que se cumpla lo establecido por la justicia.
Tras presentarse al lugar donde se mantiene la protesta, el vicepresidente cívico Agustín Zambrana señaló que el trámite legal para la ejecución de la orden tomará entre cinco y siete días, aunque instó al Gobierno a realizar el desembolso de inmediato.
“Gente en este momento está sufriendo y un día sin hemodiálisis puede causarles la muerte; pedimos al Gobierno que tenga compasión y pague mañana”, aseveró Zambrana.
Durante la jornada, la representación del Comité cuestionó la ausencia de la cartera de Salud en la audiencia donde se abordó el conflicto.
Al respecto, la dirigencia citó las declaraciones brindadas por el Ministerio de Economía, indicando que “ellos dijeron que erogaron 315 millones de bolivianos al Ministerio de Salud, por lo que exigimos a la ministra responder dónde está esa plata”.
De acuerdo con el equipo legal de la institución cívica, la gestión de pago puede acelerarse significativamente si existe la voluntad de las autoridades. Ante este escenario, el vicepresidente de la entidad ratificó la posición institucional al sostener que “vamos a combatir hasta el final, hasta que nuestros enfermos renales tengan su tratamiento cubierto y vuelvan a su vida normal”.
Posición sectorial frente al cumplimiento del pago
Los enfermos renales tomaron la determinación de mantener la medida de presión en el espacio público hasta que los recursos económicos sean efectivamente desembolsados a los centros médicos. Por su parte, el Comité Pro Santa Cruz advirtió que se evaluarán nuevas acciones dirigenciales e institucionales en caso de que las autoridades nacionales incumplan el dictamen judicial.
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