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La legislación boliviana protege a la fauna silvestre y existen medidas judiciales específicas para conservar al jaguar.
10/08/2026 11:45
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La muerte de un jaguar en Guayaramerín, Beni, volvió a poner bajo la lupa una pregunta que no es solamente ambiental, sino también jurídica: ¿qué delito corresponde cuando una persona mata deliberadamente a un animal silvestre protegido?
El caso ocurrió el 8 de agosto de 2026, cuando un ejemplar de Panthera onca fue encontrado muerto en el barrio San Francisco. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Departamental del Beni, el animal habría sido abatido con un arma de fuego y posteriormente encontrado decapitado, desollado y mutilado.
El Ministerio Público abrió una investigación de oficio por los presuntos delitos de biocidio y porte o portación ilícita de armas.
La investigación deberá establecer qué ocurrió, quiénes participaron y, especialmente, si las circunstancias del hecho permiten sostener jurídicamente los delitos investigados.
Pero para entender qué puede pasar con este caso hay que mirar más allá del término “biocidio”.
¿Qué es el biocidio en Bolivia?
El delito de biocidio fue incorporado al Código Penal mediante la Ley N.º 700, de 2015, denominada Ley para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato.
El artículo 350 del Código Penal establece una pena de dos a cinco años de privación de libertad y multa de 30 a 180 días para quien mate “con ensañamiento o con motivos fútiles” a un animal.
La sanción aumenta en un tercio de la pena máxima cuando se mata a más de un animal.
https://faolex.fao.org/docs/pdf/bol146525.pdf
La Disposición Final Tercera de la Ley 700 establece expresamente que las disposiciones de esa norma referidas a los animales no comprenden la fauna silvestre, cuya regulación queda sometida a normativa específica.
Un antecedente demuestra que no es un caso aislado
No sería la primera vez que el Ministerio Público boliviano utiliza esta figura en un caso relacionado con un jaguar.
En 2023, la Fiscalía de Santa Cruz informó la aprehensión de una persona investigada por la presunta muerte a tiros de un jaguar en Ascensión de Guarayos. La investigación fue abierta por biocidio y posteriormente ampliada por el delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.
Este antecedente muestra que, en la práctica, el delito de biocidio ha sido empleado por el Ministerio Público en investigaciones relacionadas con fauna silvestre.
¿Qué normas protegen entonces al jaguar?
La protección del jaguar no depende de una sola ley.
La Ley N.º 1333 del Medio Ambiente establece que el Estado y la sociedad deben proteger, conservar y restaurar la fauna y flora silvestre, con especial atención a las especies amenazadas y en peligro de extinción.
La misma norma establece reglas sobre la caza, captura, tenencia, acopio, transporte y comercialización de especies de fauna silvestre.
El artículo 110 contempla una pena de uno a tres años de privación de libertad para determinadas formas de caza, pesca o captura realizadas con medios prohibidos cuando causen daño, degradación ambiental o amenacen la extinción de especies. Si ocurre en áreas protegidas, zonas de reserva o períodos de veda bajo las condiciones previstas por la norma, la pena puede agravarse en un tercio.
Por su parte, el artículo 111 sanciona con hasta dos años de privación de libertad, además de otras consecuencias, conductas como incitar, promover, capturar o comercializar productos de la cacería, así como la tenencia, acopio o transporte de especies o sus derivados sin autorización, cuando se ponga en riesgo su extinción.
Por ello, en un caso de muerte de un jaguar, el análisis jurídico puede involucrar más de una figura penal o ambiental, dependiendo de cómo ocurrieron los hechos y de las pruebas reunidas.
El jaguar tiene además una protección judicial específica
En 2025, el Tribunal Agroambiental abrió un proceso específico para la protección del Panthera onca y su hábitat, dentro del expediente 6084/2025.
La Sala Plena admitió una acción ambiental directa destinada a establecer medidas cautelares preventivas y de reparación integral frente al daño a la biodiversidad relacionado con la especie. El propio Tribunal calificó la decisión como un precedente inédito para la protección judicial del jaguar y su hábitat.
Posteriormente, el Tribunal emitió resoluciones de seguimiento y supervisión dentro del mismo proceso. Entre las medidas se encuentran disposiciones relacionadas con la protección del hábitat, los corredores biológicos, la prevención de la caza, el combate al tráfico ilegal y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
La resolución también estableció medidas vinculadas con las quemas y la conservación del hábitat del felino, sujetas posteriormente a aclaraciones y evaluaciones técnicas.
Es decir, el jaguar no solo está protegido por normas generales sobre biodiversidad: existe además un proceso judicial específico que reconoce la necesidad de adoptar medidas de protección para la especie y su hábitat.
A esto se suman normas subnacionales. Por ejemplo, el Tribunal Agroambiental destacó que Concepción, en Santa Cruz, aprobó una normativa municipal que declara al jaguar patrimonio natural del municipio, convirtiéndose en el primer municipio boliviano en contar con una norma específica de ese tipo.
En el caso de Guayaramerín, las imágenes y testimonios que circulan en redes sociales pueden ser relevantes para la investigación. La Fiscalía informó que existen elementos que sustentan la probabilidad de autoría respecto de uno de los investigados y anunció que solicitará las medidas cautelares correspondientes.
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