Santa Cruz alista Consejo de Seguridad para el 19 de agosto y evalúa pedir apoyo internacional

Santa Cruz se prepara para instalar, el próximo 19 de agosto, el Consejo de Seguridad Ciudadana, una instancia que reunirá a autoridades departamentales, Policía, Fiscalía, Órgano Judicial, representantes del Gobierno nacional y organizaciones civiles, con el objetivo de coordinar acciones frente a la situación de inseguridad que atraviesa el departamento.

El vocero de la Gobernación cruceña, Rolando Schrupp, explicó que la convocatoria se realiza en el marco de la Ley 264 y estará encabezada por el gobernador Juan Pablo Velasco.

Según detalló, participarán los subgobernadores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, el Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa Departamental y la Brigada Parlamentaria. También fueron convocadas instituciones de la sociedad civil, entre ellas las juntas vecinales y el Comité Pro Santa Cruz.

“Cuando estamos hablando de seguridad pública, no es solamente la reacción natural de militarizar o de mostrar fuerza de patrullaje, sino que hay que entender muy bien con qué tipo de criminalidad estamos lidiando”, señaló Schrupp en contacto con el programa El Mañanero.

Gobernación habla de una pugna entre estructuras criminales

El vocero sostuvo que, desde su perspectiva, la violencia que se registra actualmente en Santa Cruz debe analizarse a partir de una posible disputa entre estructuras vinculadas al crimen organizado.

Schrupp relacionó este escenario con el narcotráfico y afirmó que la salida o el “apreciamiento” de Sebastián Marset, según sus palabras, habría generado un vacío dentro de determinadas estructuras criminales.

En ese sentido, consideró necesario diferenciar este fenómeno de una situación generalizada de inseguridad ciudadana. Según su análisis, los hechos violentos que se investigan estarían relacionados principalmente con disputas entre organizaciones criminales.

“Tenemos que identificarlo bien para ver qué tipo de políticas se aplican para combatir esto. No solamente es el sicariato; el sicariato es el instrumento que demuestra lo que está subyacente”, afirmó.

Schrupp también mencionó el tráfico de minerales como otro fenómeno que, a su juicio, debería ser analizado dentro de este escenario, aunque reconoció que se trata de un problema menos visible.

¿Qué se espera del Consejo de Seguridad?

La Gobernación espera que la reunión del 19 de agosto permita establecer una estrategia conjunta entre las instituciones que tienen competencias en materia de seguridad.

El funcionario sostuvo que será necesario evaluar las acciones desarrolladas durante los últimos nueve meses y analizar cómo se está enfrentando a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Plantean cooperación con Brasil

Ante el carácter transnacional del crimen organizado, Schrupp planteó que también podría analizarse la posibilidad de solicitar cooperación internacional.

Mencionó específicamente a la Policía Federal de Brasil, al considerar que el fenómeno criminal no se limita a las fronteras bolivianas y que se requieren mayores capacidades técnicas, tecnológicas y de investigación para enfrentarlo.

Según el vocero, actualmente existiría una concentración de las disputas criminales en las rutas vinculadas con Brasil, por lo que planteó la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva binacional.

“Debería ser un problema binacional y plantearse una solución conjunta para poder abordarlo estructuralmente”, afirmó.

Participación de autoridades nacionales

Respecto a la presencia de autoridades del Gobierno nacional en la primera sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana, Schrupp indicó que durante esta semana se terminará de confirmar la participación de las distintas instituciones.

Recordó que la convocatoria está respaldada por la normativa vigente y sostuvo que la participación de las entidades con competencias en seguridad forma parte de sus responsabilidades.

La reunión del 19 de agosto marcará así el inicio de una mesa interinstitucional en la que la Gobernación busca definir una respuesta coordinada ante los hechos de violencia y las actividades del crimen organizado que, según su análisis, están detrás de parte de la actual preocupación por la seguridad en Santa Cruz.