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El abogado de la familia, Martín Camacho, cuestionó el procedimiento y sostuvo que debe establecerse quiénes participaron en la retención del motorizado y bajo qué argumentos legales se ejecutó la medida.
09/10/2026 14:49
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Una nueva denuncia apunta al exfiscal general del Estado Roger Mariaca por presuntas irregularidades en el secuestro de una vagoneta de lujo que, según la denuncia, fue trasladada a Sucre para su supuesto uso personal.
La familia propietaria del vehículo aseguró que sufrió extorsiones por parte de policías y una fiscal de la Dirección Especializada de Lucha Contra el Crimen (Delcc), mientras que su abogado calificó lo ocurrido como un posible “robo institucionalizado”.
Luiggi Salaues, hijo de la propietaria, expresó su indignación después de conocer que el vehículo de su madre fue encontrado durante un allanamiento vinculado a Mariaca. Según afirmó, la vagoneta había sido comprada legalmente en una autoventa y su familia no tenía relación con las personas investigadas en el procedimiento.
“Estamos aquí como familia súper apenado al ver las noticias del día de ayer, ver el vehículo que mi mamá compró en una autoventa legalmente. Ha sido encontrado en la Fiscalía o en el allanamiento que le han hecho al exfiscal”, manifestó.
El denunciante relató que el vehículo fue retenido cuando su madre se encontraba en un supermercado junto a su hija de dos años. Según su versión, policías se acercaron y le comunicaron que la vagoneta estaba bajo investigación. Posteriormente, la mujer fue trasladada a dependencias policiales, donde permaneció alrededor de dos horas.
“Mi mamá estaba con mi hermanita de dos años en el súper y les tocan la puerta a los policías y le dicen, este vehículo está siendo investigado. Entonces llevan a mi mamá, a la Policía, a la Felcc, nos tienen dos horas ahí y ven una manera. Se inventaron ese rato por qué quitarnos el vehículo”, sostuvo Salaues.
De acuerdo con el hijo de la afectada, los funcionarios justificaron la retención señalando que la placa del motorizado figuraba en un papel encontrado durante un allanamiento. Sin embargo, aseguró que su familia desconocía a las personas vinculadas con ese procedimiento y cuestionó que esa anotación fuera suficiente para mantener el vehículo secuestrado.
La denuncia también incluye presuntas exigencias económicas. Salaues afirmó que su familia recibió mensajes que, según su interpretación, condicionaban la posibilidad de no ser investigada al pago de dinero.
“A mi madre, a mi familia nos tenían extorsionados, incluso si no da, no se preocupe, que, si usted da, no va a ser investigado. Nosotros no tenemos de qué ser investigado, mi mamá es una doctora, es médica, reconocida con más de 20 años de trayectoria”, declaró.
El abogado de la familia, Martín Camacho, cuestionó el procedimiento y sostuvo que debe establecerse quiénes participaron en la retención del motorizado y bajo qué argumentos legales se ejecutó la medida.
“Aquí hay una irregularidad terrible que debe ser investigada. Eso es un robo institucionalizado. Al parecer, veían un vehículo que les interesaba, no sabemos si los policías o el Ministerio Público, y decidían en cualquier proceso inmiscuirlo para proceder al secuestro”, afirmó.
Camacho anunció que la familia presentará una denuncia y una queja ante el fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, para que se investigue este caso y otros hechos que, según anticipó, podrían salir a la luz.
“Nosotros estamos presentando justamente una denuncia, una queja, primero al fiscal general, al doctor José Armando Urioste Viera, para que investigue este y otros hechos que seguramente van a ir apareciendo”, señaló.
El jurista también pidió identificar a los policías que intervinieron en el secuestro del vehículo, establecer a qué grupo pertenecían y determinar quiénes habrían exigido dinero a la familia.
“Quiénes son los policías, de qué grupo pertenecen, que han participado en este ilegal secuestro, y además quiénes eran los que estaban extorsionando permanentemente y exigían distintas sumas de dinero, que iban desde los 30 mil dólares hasta los 10 mil dólares a la familia de mi defendido”, concluyó.