Barral: "Acción popular individualizará a quienes inciten los bloqueos

El exdiputado Amílcar Barral informó que la Sala Constitucional Segunda de La Paz concedió la tutela de la acción popular presentada contra los bloqueos protagonizados por la Central Obrera Boliviana (COB), Tupac Katari, Ponchos Rojos, el senador suplente Nilton Condori y el ministro de Gobierno. La medida busca garantizar el derecho a la salud, alimentación, educación, transporte y libre tránsito de la población afectada por las movilizaciones.

“Se ordena a todos los bloqueadores que levanten los bloqueos de manera pacífica. Caso contrario, se individualizará a quienes estén organizando, financiando o ejecutando estos bloqueos”, explicó Barral.

Se identificará a los autores

Barral destacó que la acción no se focaliza en los movimientos completos, sino en los individuos responsables de las medidas que impiden servicios esenciales, quienes podrían enfrentar procesos penales, detención e investigación si no cumplen la resolución.

“Estos bloqueos masivos que impiden el ingreso de alimentos, oxígeno, ambulancias y libre tránsito violan la Constitución y son delitos; por eso se da la orden al gobierno y al Ministerio Público para coadyuvar en que los organizadores cumplan la resolución”, añadió.

El exdiputado recordó que esta acción popular se diferencia de otras previas, ya que busca la individualización de responsabilidades, no solo sancionar colectivamente a un sector. Señaló que los funcionarios públicos también podrían ser procesados por desobediencia de soluciones constitucionales si no garantizan el levantamiento de bloqueos.

“La resolución judicial otorga al gobierno herramientas suficientes para garantizar derechos constitucionales, levantar bloqueos y proteger a la ciudadanía sin necesidad de recurrir a medidas extremas como estados de excepción, siempre priorizando el diálogo pacífico”, concluyó Barral.

La determinación judicial se considera un instrumento clave para asegurar la transitabilidad y servicios esenciales en los puntos de conflicto, mientras se protege el derecho a la protesta pacífica dentro del marco constitucional.