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El sociólogo Guillermo Dávalos señaló que la inseguridad ciudadana requiere una respuesta integral que vaya más allá de los operativos policiales y fortalezca la prevención, la confianza institucional y el trabajo desde los barrios.
13/10/2026 23:58
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La inseguridad ciudadana en Santa Cruz no solo se refleja en los hechos delictivos, sino también en el temor que siente la población y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de protegerla, así lo advirtió Guillermo Dávalos, sociólogo y coordinador de proyectos de investigación de la Fundación Sepa, quien sostuvo que la respuesta debe ir más allá de incrementar los operativos policiales.
Durante un análisis sobre la creciente violencia en el departamento, Dávalos explicó que un estudio realizado en la ciudad muestra que el nivel de victimización o hechos delictivos pasó del 28% en 2018 al 34% en 2025.
Sin embargo, la percepción de inseguridad supera el 85% de la población. “Tenemos un nivel altísimo. Por encima del 85% la población se siente insegura en la ciudad de Santa Cruz”, señaló.
El investigador identificó varios factores que explican esta situación. Entre ellos mencionó el crecimiento acelerado de la ciudad, que ha debilitado la relación entre vecinos, la desconfianza en las instituciones y la difusión constante de hechos delictivos en las redes sociales.
Uno de los datos que consideró más preocupantes es la falta de credibilidad en la Policía y la Justicia. Según explicó, el 92% de los entrevistados manifestó que no confía en la Policía, mientras que el 90% expresó desconfianza en la administración de justicia.
“Cuando se les pregunta por qué no confían, porque son corruptos. Esto es grave. Es decir, por tanto, si a mí me sucede algo en esta ciudad, no tengo dónde acudir”, afirmó. “Nadie confía en las instituciones que tienen que generar seguridad. Nadie, absolutamente”, manifestó.
Para Dávalos, esta situación demuestra que la inseguridad no puede abordarse únicamente desde la persecución del delito.
Consideró que aumentar la presencia policial, desplegar tanquetas o endurecer las sanciones no resolverá por sí solo el problema si no se trabaja también en la prevención y en la reconstrucción de las instituciones.
“Necesitamos una política de seguridad ciudadana integral”, remarcó.
En ese marco, planteó transformar el papel de la Guardia Municipal para que tenga una función comunitaria y preventiva, en lugar de concentrarse en tareas de control y persecución de comerciantes.
También consideró necesario diseñar programas dirigidos a los jóvenes, fortalecer las oportunidades educativas y laborales y prestar atención al microtráfico y al consumo de drogas.
Otro de los puntos planteados por el investigador es la necesidad de que las decisiones en materia de seguridad se adopten también desde los niveles departamental y municipal, con responsabilidades y planes concretos.
Según los resultados del estudio que presentó, el 66% de los encuestados considera que el Gobierno Departamental debería hacerse cargo de la seguridad ciudadana, seguido por el gobierno municipal y, en tercer lugar, el Gobierno nacional.
“Naturalmente quien debe precautelar su seguridad es el Gobierno más cercano a los ciudadanos. No se puede garantizar la seguridad de los vecinos, de los ciudadanos, de cualquier ciudad, a mil kilómetros de distancia”, manifestó.
En ese sentido, propuso articular un plan nacional con políticas departamentales y municipales que se traduzcan en acciones específicas en los distritos y las unidades vecinales.