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La institución prevé utilizar recursos de depósitos judiciales abandonados para modernizar sus servicios y combatir los cobros irregulares. El reglamento deberá elaborarse en un plazo de 90 días.
08/10/2026 23:06
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El Tribunal Supremo de Justicia busca mejorar la atención en los juzgados y agilizar los procesos judiciales con recursos provenientes de depósitos abandonados.
Romer Saucedo, presidente de la institución, explicó que la nueva ley permitirá disponer inicialmente de cerca de Bs 300 millones, que serán destinados a fortalecer el funcionamiento del Órgano Judicial.
“No es para subirnos los sueldos, no es para ganar más, es para tener herramientas tecnológicas”, afirmó Saucedo al defender el proyecto de ley, aprobado en detalle por la Cámara de Diputados.
La autoridad explicó que los recursos se destinarán a tres áreas: tecnología, apoyo jurisdiccional e infraestructura en todo el país.
La propuesta establece que los depósitos judiciales que no sean retirados durante cinco años, incluso después de que los jueces hayan ordenado su devolución, puedan prescribir en favor del Órgano Judicial.
Uno de los principales objetivos es ampliar la digitalización de los expedientes para que los ciudadanos puedan consultar sus procesos sin acudir personalmente a los juzgados. “¿Qué pretendemos con esta herramienta? Primero que la gente ya no tenga que ir al juzgado a buscar su expediente”, señaló.
Saucedo indicó que el sistema ya funciona como experiencia piloto en Chuquisaca, donde se transmiten audiencias y se trabaja en la actualización tecnológica. Sin embargo, explicó que no fue posible extenderlo a otros departamentos debido a la falta de recursos y a las limitaciones del servidor nacional.
La autoridad sostuvo que la digitalización también contribuirá a combatir la corrupción y los cobros irregulares. “Reitero, es una de las maneras de luchar contra la corrupción y de transparentar la administración de justicia”, manifestó.
Aunque la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en detalle, los resultados no serán inmediatos.
Saucedo explicó que se cuenta con un plazo de 90 días para elaborar el reglamento de la ley y estimó que en los próximos 180 días podrían comenzar a observarse sus efectos en la administración de justicia.