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'Leyes incendiarias': cuestionan normas que permiten quemas y desmontes

Ambientalistas advierten que cinco leyes relacionadas con quemas, desmontes y producción requieren una revisión para evitar mayores daños a los bosques.

Un voluntario trabaja en apagar un incendio en Concepción, el 13 de noviembre de 2023, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Juan Pablo Roca
Bolivia

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¿Las leyes están permitiendo dañar el medio ambiente? Esa es la pregunta que plantea el reportaje especial de Red Uno a partir del análisis de expertos y ambientalistas que cuestionan algunas normas vigentes en Bolivia relacionadas con las quemas y los desmontes.

Los especialistas advierten que la normativa puede permitir determinadas actividades con fuego y que el problema se agrava cuando no existe una fiscalización suficiente. También cuestionan que las sanciones económicas sean demasiado bajas frente al impacto que puede generar una quema que se salga de control.

“Todo este tema de permitir legalmente, normativamente las quemas, el avance de la frontera agrícola nos está llevando a un desastre en Bolivia”, señaló Erika Bayá, miembro de la organización 'Alas Chiquitanas'.

Entre las normas observadas se encuentran la Ley 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas; la Ley 741, que autoriza desmontes de hasta 20 hectáreas para determinadas propiedades; la Ley 337, relacionada con la producción de alimentos y la restitución de bosques; la Ley 1098, sobre aditivos de origen vegetal; y la Ley 740, vinculada a la ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social.

Los ambientalistas piden que estas normas sean revisadas y señalan que algunas propuestas de abrogación permanecen pendientes de tratamiento en la Cámara de Diputados.

“Tenemos muchas leyes, leyes buenas y leyes que tienen que ajustarse como estas”, sostuvo Bayá.

Además, cuestionan las limitaciones presupuestarias de instituciones encargadas de la fiscalización y protección ambiental, entre ellas la ABT, Pofoma y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Finalmente, expertos también plantean que la producción agropecuaria no debería entenderse como contraria a la protección ambiental. Señalan que la actividad productiva depende de recursos naturales como el agua y de ecosistemas saludables.


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