¿Por qué no fue demolido? Edificio que colapsó en Brasil tenía una orden desde 2022

Las autoridades brasileñas investigan por qué no se ejecutó una orden de demolición emitida en 2022 contra el edificio de 12 pisos que colapsó en São Paulo, tragedia que dejó hasta el momento seis personas fallecidas, cinco de ellas bolivianas.

El agente consular Pablo Esteban Aráoz informó que, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Subprefectura de Penha, el inmueble debía ser demolido desde hace cuatro años.

El Ministerio Público busca determinar las responsabilidades tanto de los propietarios del edificio como de los funcionarios que debían hacer cumplir la orden de demolición.

“Se tenía una orden de demolición de ese edificio”, explicó Aráoz, quien señaló que actualmente se investiga por qué la disposición no fue ejecutada y qué argumentos podrían presentar los responsables.

Uno de los propietarios del inmueble fue aprehendido, mientras que otros investigados se encontrarían prófugos, según la información proporcionada por el agente consular.

Coordinan asistencia y repatriación

Mientras avanza la investigación, la representación consular mantiene contacto permanente con la familia afectada. Para este lunes está prevista una reunión destinada a abordar los aspectos jurídicos y administrativos para una eventual repatriación de los cuerpos.

Aráoz explicó que primero debe cumplirse el proceso de identificación de los fallecidos en el centro de investigaciones forenses de Brasil. Además, se debe coordinar la documentación de las víctimas y determinar quiénes serán los familiares responsables de recibir los restos.

También señaló que la legislación brasileña establece protocolos para la liberación de los cuerpos a familiares de primer, segundo y tercer grado.

Por el momento, no existe una fecha definida para la repatriación, debido a que todavía deben completarse los procedimientos legales y administrativos y coordinarse con las familias.

La Cancillería también realiza gestiones para garantizar asistencia legal y el respeto de los derechos de los ciudadanos bolivianos afectados mientras continúan las investigaciones en Brasil.