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El abogado y exfiscal señaló que, hasta ahora, no existe una acusación formal conocida contra Roger Mariaca y consideró necesario esclarecer los motivos de la medida estadounidense.
30/09/2026 11:32
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El abogado y exfiscal, Gómer Padilla, consideró preocupante la situación generada luego de que Estados Unidos anunciara restricciones de ingreso para ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Señaló que, hasta el momento, no existe una acusación formal conocida públicamente contra la autoridad y pidió que se esclarezcan por la vía diplomática los motivos de la medida.
Padilla explicó que Estados Unidos, en ejercicio de su soberanía, tiene la facultad de decidir quién puede ingresar a su territorio. Sin embargo, señaló que el revuelo surge a partir de las versiones que vinculan las restricciones con supuestos hechos de corrupción o protección a personas involucradas en actividades ilícitas.
“Estados Unidos no ha presentado ninguna acusación. Lo que ha hecho es un comunicado donde, dentro de su soberanía y dentro de su derecho como Estado, tiene el deber de permitir quién ingresa y quién no ingresa a su país”, sostuvo el exfiscal.
En ese sentido, consideró necesario conocer qué elementos tiene el Gobierno estadounidense para adoptar esta determinación, especialmente en el caso del fiscal general.
Indicó que, si existen antecedentes o pruebas relacionados con las acusaciones que circulan, estos deberían ser conocidos por las autoridades bolivianas mediante los canales correspondientes.
Padilla también cuestionó que Bolivia dependa de información proveniente del exterior para iniciar eventuales investigaciones. Afirmó que, si existen cuestionamientos contra una autoridad, las instituciones nacionales cuentan con mecanismos legales para investigar y determinar responsabilidades.
“Si el fiscal general está cuestionado, está la Asamblea Plurinacional, está el Ejecutivo para que se presente una acusación, una denuncia, y se vea si amerita un proceso contra el fiscal general y siga su curso. Podemos hacerlo. Están las leyes, están los procedimientos, están los caminos”, manifestó.
El abogado además se refirió a la relación entre el Gobierno y el Ministerio Público y señaló que la designación de Mariaca se produjo durante la anterior Asamblea Plurinacional, antes del actual periodo de gobierno. Según su explicación, esta situación le permitiría ejercer sus funciones con independencia frente al actual Ejecutivo.
“Este fiscal general ha sido elegido y designado en un gobierno anterior. Entonces, este fiscal general, si por ahí hubo algún favor en su designación, no le debe nada a ningún diputado, a ningún senador ni al Ejecutivo”, afirmó.
El exfiscal cuestionó cualquier escenario en el que decisiones provenientes de otro Estado terminen condicionando el funcionamiento de las instituciones bolivianas.
“Debemos buscar cómo resolver nuestros propios conflictos. Si nuestras instituciones están cuestionadas, tenemos las leyes y los procedimientos para investigar y establecer responsabilidades dentro de Bolivia”.