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Revocatoria de visas de EE.UU. genera repercusiones en Bolivia

El Gobierno anunció que recurrirá a canales diplomáticos para conocer los antecedentes que sustentan los señalamientos, mientras aumentan las reacciones en el ámbito político y judicial.

Foto: Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca. Red Uno.
Bolivia

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visado para ciudadanos bolivianos a los que señala por presuntamente socavar gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o narcotráfico.

En el caso de Bolivia, Washington informó que revocó las visas de 12 ciudadanos y sus familiares, entre ellos fiscales, jueces, un exministro de Justicia, magistrados, un exjefe interino de la Aduana, un coronel de la Policía y un empresario privado.

Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa quedaron excluidos de la posibilidad de obtenerla.

Entre los nombres mencionados figura el del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, a quien el Departamento de Estado estadounidense señala por una supuesta participación en actos de corrupción significativa y afirma que habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y favorecer a personas vinculadas con delitos violentos.

La medida, según Estados Unidos, forma parte de la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Mariaca rechaza las acusaciones

Tras conocerse la decisión, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, expresó su sorpresa y rechazó que su trayectoria y trabajo sean puestos en duda por decisiones provenientes del exterior.

“No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes”, manifestó.

Mariaca sostuvo además que si se comprueban delitos deben establecerse responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley.

“Este fiscal general no está para agradar a personas, grupos económicos ni dirigentes políticos. Está para cumplir la Constitución. No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, afirmó.

Autoridades y exautoridades alcanzadas

Entre los nombres mencionados en la lista difundida están Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior de la Fiscalía General del Estado; Albania Chané Caballero Saavedra, jueza de instrucción anticorrupción y de violencia contra la mujer; Alberto Ceballos Flores, fiscal departamental en Santa Cruz; y Rosario Jimena Flores Paniagua, jueza de instrucción en lo penal en Santa Cruz.

También figuran Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; y Rodrigo Aldomedia Espinosa, juez público mixto civil.

La lista también incluye al coronel Franz William Cabrera Quispe, de la Policía Boliviana, y al empresario privado José Luis Iriarte, vinculado al tema de combustibles.

Reacciones en Bolivia

El líder de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, cuestionó la credibilidad del Ministerio Público a raíz de las acusaciones y planteó que, ante denuncias sustentadas, deben existir investigaciones.

Quiroga también sugirió una comisión legislativa para liderar las investigaciones y señaló que corresponde establecer responsabilidades contra quienes hubieran protegido actividades vinculadas al narcotráfico, según sus declaraciones.

Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, apuntó que los señalamientos de Estados Unidos son graves y que se solicitará información complementaria y elementos probatorios para que puedan ser conocidos en Bolivia.

“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad”, afirmó.


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