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Presidentes de ambas cámaras piden que Mariaca se aparte del cargo

Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron que el fiscal general del Estado se aparte de sus funciones mientras se conocen y verifican los señalamientos difundidos desde Estados Unidos.

Foto: presidentes de cámaras de Senadores y Diputados
La Paz

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El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, se pronunciaron sobre los señalamientos de corrupción difundidos por Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otras autoridades.

Ávila sostuvo que, mientras se esclarezcan los hechos denunciados, consideran necesario que Mariaca se aparte del ejercicio de sus funciones, conforme a los mecanismos establecidos por ley.

“Esta medida debe permitir que las investigaciones se desarrollen con plena independencia, sin interferencias ni privilegios”, afirmó el titular del Senado.

Piden información oficial a Estados Unidos

Ávila informó que ambos presidentes de cámaras solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar, mediante los canales diplomáticos correspondientes, toda la información oficial disponible sobre los señalamientos.

El objetivo es conocer el alcance de las acusaciones y acceder a los documentos y antecedentes que puedan ser proporcionados por el Gobierno estadounidense.

El senador remarcó que una denuncia no constituye una sentencia y que ninguna persona puede ser considerada responsable sin pruebas y el debido proceso.

Buscan una sesión urgente de la Asamblea

Los legisladores también solicitaron al vicepresidente Edmand Lara, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocar con carácter de urgencia a una sesión.

Ávila señaló que en esa instancia se deberían considerar los mecanismos institucionales de investigación que correspondan de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Castro pide esclarecer los hechos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, afirmó que el caso también afecta la confianza de la población en el sistema de justicia.

“Cuando los señalamientos alcanzan a la máxima autoridad del Ministerio Público, la ciudadanía tiene derecho a que se esclarezcan los hechos y a conocer los resultados”, sostuvo.

Castro indicó que, una vez que la Cancillería obtenga la información solicitada, esta deberá ser remitida a las instancias competentes para determinar las acciones legales y parlamentarias que correspondan.

“No estamos anunciando culpabilidades”

El titular de Diputados aclaró que la posición del Legislativo no implica anticipar responsabilidades ni sustituir las funciones de fiscales o jueces.

“No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, afirmó.

Castro agregó que, si se comprueban delitos, deberán establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. En caso contrario, señaló que también corresponde aclarar los señalamientos ante la población.


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