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Los decretos activan intervenciones extraordinarias para revisar la importación, distribución y control de combustibles. Las medidas abren auditorías, buscan detectar posibles irregularidades y establecen mecanismos para determinar responsabilidades.
03/09/2026 12:55
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El Gobierno dispuso la intervención estatal extraordinaria y temporal de YPFB y la ANH mediante los decretos supremos N° 5697 y N° 5699, con el objetivo de corregir deficiencias en la cadena de hidrocarburos, fortalecer los controles y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.
Intervención a YPFB
El Decreto Supremo N° 5697, promulgado el 1 de septiembre, establece la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de 180 días, con la posibilidad de una ampliación excepcional de hasta 90 días.
La medida busca reforzar el control sobre la importación, almacenamiento, logística y distribución de carburantes, además de identificar posibles irregularidades que hayan afectado el abastecimiento interno.
La comisión interventora tendrá acceso a información administrativa, técnica, financiera y operativa de YPFB y podrá revisar procesos de importación y comercialización, recomendar auditorías e identificar posibles responsabilidades.
También podrá proponer la remoción de personal cuando se establezcan responsabilidades en hechos irregulares.
ANH queda bajo intervención
Un día después, el Decreto Supremo N° 5699 dispuso la intervención extraordinaria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), también por 180 días, ampliables hasta por 90 días.
En este caso, el objetivo es fortalecer la regulación, supervisión, control de calidad y fiscalización de toda la cadena hidrocarburífera.
La comisión interventora deberá evaluar los procedimientos de control de calidad de los combustibles, revisar los procesos regulatorios y fiscalizadores, además de auditar los sistemas informáticos y registros de la ANH, con especial atención al B-SISA.
Auditorías y búsqueda de responsabilidades
Ambos decretos establecen mecanismos para preservar documentación, bases de datos y respaldos digitales, y obligan a los funcionarios de ambas instituciones a entregar información completa y veraz a las comisiones interventoras.
Los resultados de las auditorías que encuentren indicios de responsabilidad podrán ser remitidos a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado para las acciones correspondientes.
Las medidas no modifican la naturaleza jurídica ni la estructura de YPFB y la ANH, sino que buscan establecer un control extraordinario y temporal sobre su funcionamiento.
Con ambas intervenciones, el Gobierno apunta a revisar tanto el brazo operativo y comercial del sector hidrocarburífero como el organismo encargado de su regulación y fiscalización.
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