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El caso está relacionado con dos contratos para la provisión de aceite crudo de soya y presuntas irregularidades en las garantías exigidas a los proveedores.
26/08/2026 9:48
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El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó sobre la identificación preliminar de un daño económico superior a Bs 870 millones en un caso relacionado con la Planta de Biodiésel N.º 1 de YPFB.
Durante la presentación del informe, la autoridad explicó que la investigación se concentra en dos contratos para la provisión de aceite crudo de soya, ambos adjudicados a un mismo proveedor, cuya suma alcanzó aproximadamente Bs 1.057 millones.
YPFB sin garantías y modificaciones irregulares
Según la denuncia, el proveedor habría incumplido sus obligaciones contractuales. Ante esta situación, Transparencia cuestionó que YPFB no contara con las garantías que normalmente permiten al Estado recuperar los recursos entregados en caso de incumplimiento.
La autoridad explicó que, en este tipo de contrataciones, deberían existir al menos dos garantías: una de cumplimiento de contrato, equivalente al 7% del valor contratado, y otra correspondiente al anticipo entregado al proveedor.
Sin embargo, en este caso no se habría exigido ninguna de las dos garantías bajo las condiciones habituales.
García señaló que una modificación al reglamento de garantías aprobada por el directorio de YPFB Refinación permitió establecer excepciones para los proveedores de aceite crudo de soya.
Entre las modificaciones, se eliminó la exigencia de la garantía por correcta inversión del anticipo y se estableció que, para contratos superiores a Bs 1 millón, la garantía de cumplimiento podía ser reemplazada por una retención.
La autoridad de Transparencia sostuvo que los funcionarios que participaron en estas decisiones ahora son considerados corresponsables dentro de la investigación.
Contrato habría sido denunciado por autoridades
El caso de la Planta de Biodiésel N.º 1 ya había sido objeto de denuncias públicas por un presunto sobreprecio, pero el nuevo informe incorpora el análisis de los contratos de provisión de materia prima y las condiciones bajo las cuales fueron adjudicados.
El viceministro anunció que continuará con la investigación para establecer responsabilidades y determinar el alcance total del daño económico ocasionado al Estado.
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