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La autoridad minera afirmó que las solicitudes de derechos no habilitan actividades de explotación y señaló que cualquier operación sin autorización puede derivar en procesos por explotación ilegal de minerales.
24/08/2026 20:25
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La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) negó haber autorizado actividades de explotación minera a empresarios extranjeros en La Asunta, luego de los enfrentamientos registrados en los últimos días y la expulsión de operadores de campamentos ubicados en inmediaciones del río Boopi.
La entidad aseguró que ninguna institución municipal, departamental, organización comunal, empresa o particular puede disponer de recursos minerales sin cumplir los procedimientos establecidos ante la AJAM.
“Son asociaciones ilegales, no tienen ningún tipo de autorización por parte del Estado”, sostuvo un representante de la autoridad minera al referirse a los grupos cuestionados en La Asunta.
AJAM: solicitudes no permiten explotar minerales
Según la información proporcionada, en las riberas del río Boopi existen alrededor de 170 trámites o derechos vinculados a la actividad minera.
De ese total, la AJAM señaló que siete corresponderían a derechos preconstituidos, mientras que aproximadamente 164 serían solicitudes en trámite.
“Las solicitudes no dan derecho a hacer operación de explotación, por lo cual casi la mayoría de todas estas operaciones son ilegales”, afirmó la institución.
La entidad remarcó que la legalidad específica de cada operación deberá ser verificada dentro de los procedimientos correspondientes.
Apunta a acuerdos entre comunarios y empresarios
La AJAM sostuvo que parte del conflicto habría surgido por acuerdos establecidos directamente entre algunos comunarios y empresarios extranjeros.
Según la versión de la autoridad, serían sectores de las propias comunidades quienes habrían permitido el ingreso de empresarios chinos con fines económicos.
Sin embargo, remarcó que un acuerdo privado o comunitario no sustituye una autorización estatal para explotar recursos minerales.
“Cualquier contrato, cualquier acto de disposición constituye delito”, advirtió la autoridad al señalar que estos casos pueden derivar en investigaciones penales.
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