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Carlos Alarcón observó que la propuesta aprobada inicialmente mezcla sanciones contra quienes bloquean con penas para autoridades que no atiendan sus demandas. Según el legislador, la Comisión de Justicia Plural prevé retomar el análisis este miércoles.
12/10/2026 10:30
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El diputado Carlos Alarcón cuestionó el proyecto de ley sobre libre transitabilidad y protección de derechos, aprobado inicialmente en la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y anunció que la propuesta será reconsiderada para encaminar una normativa que sancione los bloqueos de carreteras.
El legislador sostuvo que el texto aprobado desvirtúa el objetivo de una ley antibloqueos al incluir sanciones agravadas contra autoridades que no respondan a las demandas de los sectores movilizados.
“Esta ley ha mezclado dos contenidos incompatibles”, afirmó Alarcón, quien explicó que, a su criterio, esta disposición podría trasladar la responsabilidad a alcaldes, gobernadores, ministros y otras autoridades, mientras los organizadores de los bloqueos quedarían sin sanción.
El diputado indicó que, tras las observaciones planteadas por él y otros dos legisladores que presentaron propuestas anteriores, el proyecto fue reconsiderado y se prevé retomar su tratamiento en la Comisión de Justicia Plural este miércoles.
Tres niveles de sanciones para los bloqueos
Alarcón explicó que su propuesta original contemplaba diferentes penas según la gravedad de los hechos: de tres a seis años de cárcel para quienes bloqueen, de cinco a ocho años para organizadores, financiadores, promotores y directores, y de 10 a 20 años cuando durante el bloqueo se atente contra la vida, la integridad de las personas o los bienes públicos y privados.
También planteó que los responsables reparen los daños ocasionados a las víctimas y que se establezcan garantías para la actuación de la Policía y, si fuera necesario, de las Fuerzas Armadas.
En contraste, cuestionó que el proyecto observado establezca una sanción agravada de seis años y ocho meses por incumplimiento de deberes para las autoridades que no atiendan las demandas de los bloqueadores.
El derecho a la protesta y el bloqueo de caminos
El legislador sostuvo que las demandas sociales pueden canalizarse mediante marchas, mítines, cabildos, huelgas y recursos judiciales, sin recurrir al bloqueo de carreteras.
“Por más legítima que sea la demanda y por más inoperante que sea la autoridad, tú no puedes agarrar de rehén a un ciudadano inocente y a través de eso obligarle a la autoridad que atienda a tu demanda”, manifestó.
Asimismo, afirmó que las autoridades tienen responsabilidades políticas, administrativas y jurídicas cuando incumplen sus funciones, pero consideró que estas deben diferenciarse de las responsabilidades de quienes bloquean vías.
Vigencia del Estado de Excepción
Alarcón se refirió a los anuncios de movilizaciones y posibles bloqueos, y sostuvo que el Gobierno debe actuar conforme al estado de excepción que, según afirmó, permanece vigente hasta fines de diciembre.
Ante la posibilidad de realizar marchas durante ese periodo, Alarcón dijo que dependerá de que las movilizaciones sean pacíficas y no afecten el orden ni la seguridad pública, según la interpretación que atribuyó al Gobierno.
El diputado también lanzó críticas contra Evo Morales y pidió que el Ministerio Público actúe por los hechos que atribuye a anteriores bloqueos.