Ante la violencia en Santa Cruz, Aguirre exige más policías y mando regional

La gobernadora en suplencia de Santa Cruz, Paola Aguirre, advirtió que el crimen organizado se ha instalado en el departamento y demandó una redistribución de efectivos policiales. También planteó que el gobernador recupere la autoridad para coordinar operativos y disponer patrullajes en el territorio.

Durante un acto realizado este miércoles para la asignación de más efectivos policiales en Santa Cruz, Aguirre expresó su preocupación por los recientes hechos violentos y sostuvo que el departamento se ha convertido en un lugar de operaciones de organizaciones criminales.

“Esto ya no es delincuencia común, esto es crimen organizado y desgraciadamente debo decir que el crimen organizado ha elegido a Santa Cruz como su lugar de operaciones”, expresó.

Advierte sobre el avance del crimen organizado

Aguirre mencionó el asesinato a tiros de dos hombres en Valle Sánchez, en el municipio de Warnes, además de la muerte de un joven que era buscado por su familia. También recordó el ataque armado a una joyería de la avenida Bush y el asesinato de cuatro trabajadores de una propiedad ganadera en San Matías, seguido de una emboscada en la que murió el subteniente Gerson Salazar.

La autoridad afirmó que estos hechos reflejan una problemática vinculada con rutas, dinero, armas y corrupción, que genera temor e incertidumbre entre la población.

Asimismo, citó datos del Observatorio del Ministerio de Gobierno, según los cuales Santa Cruz registró casi 13.000 denuncias de delitos graves en seis meses, más de 70 por día. También señaló que las muertes violentas en el departamento se cuadruplicaron el año pasado.

“Santa Cruz es el motor económico de Bolivia y por eso precisamente el crimen la quiere, por sus carreteras, por su frontera, por su aeropuerto, por su dinero”, afirmó.

La gobernadora en suplencia también denunció una presunta penetración del crimen organizado en instituciones y en la justicia, y pidió combatir la corrupción y la protección a criminales. “Para erradicar el crimen de las calles, primero hay que erradicar el crimen de las instituciones”, sostuvo.

Pide al menos 5.000 policías más

Aguirre cuestionó la distribución de efectivos policiales y aseguró que Santa Cruz, pese a ser el departamento más poblado del país, cuenta con poco más de 5.000 policías para cerca de cuatro millones de habitantes.

Según los datos que expuso, en La Paz hay un policía por cada 300 habitantes, mientras que en Santa Cruz la relación es de uno por cada 600.

“Nos faltan por lo menos 5 mil policías, señor ministro. 5 mil no es un capricho regional, es una deuda del Estado con el pueblo cruceño”, dijo.

Si bien valoró el refuerzo anunciado, indicó que este no resuelve la brecha de personal. Por ello, demandó una redistribución progresiva y verificable de los efectivos, acompañada de equipamiento, vehículos e infraestructura para mejorar sus condiciones de trabajo.

Plantea que el gobernador tenga mando policial

Uno de los principales pedidos de Aguirre fue que el gobernador vuelva a ser el comandante general del departamento, con atribuciones para coordinar a las fuerzas del orden y disponer patrullajes, controles y operativos.

Cuestionó que el gobernador elegido por voto popular tenga limitaciones para tomar decisiones en materia de seguridad ciudadana y que la participación de la Gobernación se reduzca, según afirmó, a financiar combustible para las patrullas.

“Queremos que el gobernador vuelva a ser el comandante general del departamento”, expresó.

Aguirre argumentó que una autoridad con capacidad de decisión en el territorio podría responder de manera más directa a las demandas de la población y facilitar la coordinación frente al crimen organizado.

La gobernadora en suplencia planteó que el convenio previsto para este miércoles sea el punto de partida para impulsar, junto al ministro, reformas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que permitan devolver al gobernador el mando departamental.

Aclaró que la propuesta no busca dividir a la Policía ni afectar la unidad de mando nacional. Sostuvo que el Ministerio de Gobierno mantendría la conducción de la política de seguridad, mientras que en el departamento habría una autoridad con capacidad para articular acciones en el territorio.