Asamblea de la Cruceñidad da ultimátum hasta el 10 de octubre y advierte con protestas y Cabildo

La Asamblea de la Cruceñidad se realizó hoy junto a diversos sectores sociales y productivos para analizar la crisis de combustibles. Tras la conclusión del encuentro, Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz, dio a conocer las determinaciones asumidas afirmando que "vamos a seguir trabajando para que el Gobierno entienda que la única forma de salir de esta crisis es trabajando juntos".

En su intervención, Cochamanidis emplazó al nivel central a dar respuestas concretas e hizo hincapié en la devolución de las competencias regionales.

"Exigimos la restitución de competencias y la transferencia de las facultades asignadas a las Gobernaciones, municipios y universidades en temas de salud, educación e infraestructura, junto a los ítems y recursos cercenados a las regiones", sostuvo la autoridad cívica.

Reformas económicas y de hidrocarburos

Respecto a la distribución presupuestaria, el líder cívico planteó modificaciones estructurales para la gestión fiscal de los próximos años.

"Conminamos la incorporación del 50/50 en el PGE del 2027, para que el 50% que se genera en cada región se quede en los departamentos para ser administrados por las Gobernaciones, municipios y universidades", señaló.

Asimismo, Cochamanidis abordó de forma prioritaria el desabastecimiento de carburantes y la urgencia de abrir el mercado. En este sentido demandó "la liberación total de la importación, distribución y comercialización de combustibles en todos los surtidores del país, eliminando los impuestos que corresponden para reducir el precio del combustible lo más barato posible y evitar que suba la canasta familiar", además de romper el monopolio de YPFB y la ANH para impulsar biocombustibles y exploración.

El discurso del titular del Comité Pro Santa Cruz también incluyó un llamado explícito al trabajo legislativo departamental y nacional. "Exigimos que la Brigada parlamentaria cruceña defienda los intereses de la región y se olviden de los colores políticos", aseveró, extendiendo el pedido a los demás departamentos para que exijan a sus representantes trabajar por el país, mientras saludaba el impulso de leyes autonómicas en salud, transporte y administración.

Plazos y medidas de presión

El pronunciamiento cívico concluyó fijando una fecha límite para que el Poder Ejecutivo escuche sus demandas institucionales.

Cochamanidis advirtió que "en caso de que el Gobierno no atienda las demandas, el 10 de octubre, el día de la democracia, será el día en que comenzarán las movilizaciones en las calles".

Ante un eventual incumplimiento, la Asamblea facultó al presidente del Comité para aplicar la Autonomía de facto y coordinar medidas escalonadas de presión. Cochamanidis sentenció la postura institucional asegurando que "ese día estaremos en las calles y si es necesario haremos un Cabildo".