Consejo de Seguridad prioriza al crimen organizado y plantea reforzar la frontera con Brasil

El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana se instala este miércoles 19 de agosto en Santa Cruz con una prioridad definida: enfrentar el avance del crimen organizado y la violencia que afecta a distintas poblaciones del departamento, especialmente en zonas fronterizas con Brasil.

La sesión está prevista para las 09:00 en instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y contará con la participación de autoridades departamentales y nacionales, además de representantes de organizaciones sociales y otras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

Entre las autoridades que confirmaron su participación están el ministro de Gobierno, el viceministro de Seguridad Ciudadana, el alcalde municipal, el comandante departamental de la Policía y el comandante de la Octava División del Ejército, cuya incorporación al Consejo también será planteada durante la jornada.

Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, quien adelantó que el principal tema de discusión será la lucha contra el crimen organizado.

“La prioridad al crimen organizado, porque es la que está azotando precisamente a varias poblaciones del departamento”, afirmó Santistevan.

El funcionario sostuvo que la problemática no puede ser abordada como hechos aislados en municipios como San Matías, San Ignacio o Puerto Quijarro, sino como un fenómeno que requiere una respuesta coordinada entre los diferentes niveles del Estado.

Según explicó, la presencia de organizaciones criminales también puede derivar en otros delitos, entre ellos hechos violentos, asesinatos vinculados al sicariato y conflictos relacionados con avasallamientos de tierras.

Santistevan advirtió que esta situación no solamente representa un problema de seguridad ciudadana, sino que también puede tener consecuencias sobre la actividad productiva y la seguridad alimentaria del departamento.

“Proteger a la población ahora se hace necesario y prioritario”, sostuvo.

Buscan cortar el ciclo entre captura y liberación

Otro de los puntos que serán debatidos está relacionado con el funcionamiento de la cadena de justicia y lo que ocurre después de la captura de presuntos delincuentes.

Santistevan planteó la necesidad de que Policía, Ministerio Público y órganos jurisdiccionales cumplan de manera efectiva las funciones que les corresponden para evitar que los procesos queden inconclusos.

Explicó que la Policía realiza la aprehensión y entrega el caso a la Fiscalía para la investigación, mientras que posteriormente corresponde a los tribunales determinar la situación jurídica de los acusados.

El objetivo, señaló, es evitar que los procesos queden a medio camino y que personas que fueron detenidas por hechos delictivos vuelvan a las calles y reincidan.

“Es un círculo vicioso que hay que cortar”, afirmó el secretario, al señalar que este aspecto también será puesto sobre la mesa durante la reunión.

Plan Frontera Segura

La reunión también buscará avanzar en la coordinación del denominado Plan Frontera Segura, especialmente en municipios identificados como puntos sensibles por su ubicación fronteriza con Brasil.

En ese marco, Santistevan planteó ampliar la participación de otras instituciones para convertir el plan en una estrategia integral de seguridad.

Entre las propuestas mencionó la presencia de militares en la frontera con Brasil, con el objetivo de reforzar el control territorial y apoyar las labores de seguridad.

“Ambas fronteras tienen que estar militarizadas”, manifestó, al considerar que esta medida permitiría fortalecer el control frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Paralelamente, planteó mantener el trabajo de inteligencia y coordinación entre la Policía boliviana y su par brasileña para avanzar en la identificación y desarticulación de organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza.

Responsabilidad compartida

Para Santistevan, la lucha contra la criminalidad no puede recaer únicamente en la Policía, sino que requiere la participación coordinada de las instituciones nacionales, departamentales y municipales.

En ese sentido, señaló que los gobiernos municipales también deben asumir responsabilidades en materia de seguridad ciudadana y destinar recursos disponibles para apoyar las acciones destinadas a proteger a la población.

El desafío que se plantea en esta jornada será, por tanto, pasar del diagnóstico a medidas concretas frente a una problemática que, según las autoridades, trasciende las fronteras municipales y requiere una respuesta conjunta del Estado.