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EE.UU. acusa a Roger Mariaca de corrupción y narcotráfico y le veta el ingreso

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una restricción de ingreso contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, al señalarlo por supuesta “corrupción significativa”.

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El Gobierno de Estados Unidos anunció una medida de restricción de visa contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, al incluirlo en una lista de funcionarios extranjeros señalados por Washington por presuntos actos de corrupción.

Según el comunicado del Departamento de Estado estadounidense, Mariaca fue designado públicamente por su supuesta participación en “corrupción significativa”, una medida que impide, en general, su ingreso a territorio estadounidense junto a sus familiares directos.

La administración de Donald Trump sostiene que Mariaca habría abusado de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos, además de presuntamente facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a personas acusadas de delitos violentos a evadir la justicia.

De acuerdo con la posición oficial de Washington, estas acciones representarían un riesgo para sus esfuerzos contra el narcotráfico y afectarían instituciones vinculadas al Estado de derecho en Bolivia.

¿Cuál es la razón de la sanción según EE.UU.?

El Departamento de Estado explicó que la medida forma parte de una nueva política de restricciones de visas contra ciudadanos extranjeros que, según su evaluación, socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico.

Bajo esta política, Estados Unidos afirma que busca impedir el ingreso de funcionarios que considera involucrados en hechos que afectan la seguridad, la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho en la región.

En el caso de Mariaca, Washington argumenta que su actuación como autoridad habría permitido proteger intereses vinculados al crimen organizado.

La acusación de EE.UU. contra Mariaca

El comunicado estadounidense señala que:

  • habría solicitado y aceptado sobornos;
  • habría facilitado actividades relacionadas con narcotráfico;
  • habría ayudado a delincuentes violentos a evitar la justicia.

Estas afirmaciones corresponden a la evaluación del Gobierno de Estados Unidos dentro de su política migratoria y diplomática. Una restricción de visa no equivale por sí misma a una sentencia judicial ni determina responsabilidad penal.


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